Aunque la resolución sobre la que se sustenta la orden de demolición de las chabolas es de hace una década, no ha sido hasta los últimos ocho meses cuando se han acelerado los trámites y se ha empezado a vislumbrar fehacientemente el final del asentamiento marginal de O Vao.
20 de abril. El Concello de Poio ejecuta los dos primeros derribos, toda vez que hay que remontarse a finales de los noventa para localizar la que hasta ese momento había sido la última demolición. La actuación pudo llevarse a cabo después de que los inquilinos de ambas viviendas aceptaran, en un caso, realojarse en una casa de Marín, y en otro optó por ocupar una chabola abandonada en el mismo poblado de O Vao.
27 de julio. Se da a conocer un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Pontevedra dio un ultimátum al Concello de Poio para que ejecute el derribo de nueve chabolas. En la resolución se establece que las actuaciones deben concluirse antes del 31 de octubre, al mismo tiempo que advierte que si se hace caso omiso del auto se dará traslado a la Fiscalía de la Audiencia Provincial. Y es que las autoridades municipales podrían llegar a incurrir en un delito de desobediencia para el que el Código Penal establece la imposición de importantes sanciones económicas y penas de inhabilitación. Por si fuera poco, a partir de las 0 horas de hoy, en teoría, comienzan a contabilizarse las multas de 1.300 y 300 euros que se determinó en su día que podrían recaer en las máxima autoridad municipal si no estaban terminados los derribos de chabolas una vez comenzase noviembre.
26 de octubre. Dos nuevos derribos de chabolas tienen lugar en el poblado de O Vao. De nuevo, las actuaciones estuvieron precedidas de varias negociaciones entre representantes del Concello de Poio e inquilinos, quienes aceptaron ser realojados con unos parientes, en uno de los supuestos, o en un piso de alquiler de Mollabao, en el otro. La salida negociada fue crucial para que no se produjeran incidentes.
31 de octubre. El Concello asume el incumplimiento del auto judicial ante la imposibilidad de encontrar realojamientos. La pelota está ahora en manos del juez, mientras Luciano Sobral anuncia que las negociaciones se retomarán en una semana.