La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no admite recurso La decisión obliga al Concello de Poio a ejecutar el derribo de diez infraviviendas
16 feb 2006 . Actualizado a las 06:00 h.La justicia ha avanzado lenta, pero implacable. Ocho años después de que se pusiese en marcha la cuenta atrás para el derribo de las chabolas ilegales del poblado marginal de O Vao, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de poner el reloj a cero. El Concello de Poio deberá ejecutar las órdenes de demolición que el propio Ayuntamiento acordó en febrero de 1998. La sentencia, dada a conocer ayer por la Asociación de Vecinos de O Vao, uno de los principales actores en todo el proceso por su firme oposición a la situación marginal del enclave, supone un duro varapalo para los planes del Concello de Poio. El Ayuntamiento, gobernado por el nacionalista Luciano Sobral, había planificado un realojo gradual de las familias chabolistas. Sin embargo, los plazos legales truncarán el calendario político. El fallo del TSXG no admite recurso y, según explicó ayer el abogado de la asociación de vecinos de O Vao, Fernando Fidalgo, concede ahora dos meses para que se ejecute el derribo. Es el plazo de tiempo del que dispondrá el Ayuntamiento de Poio para solicitar al juzgado las medidas necesarias para acatar la sentencia. Si el Concello se declarase incompetente para llevar a cabo una demolición que la propia Administración local acordó en 1998, será la asociación vecinal de O Vao la que reclamará la ejecución de la sentencia, según explica Fernando Fidalgo. «En cualquier caso, la ejecución no se demorará más allá de este año», calcula el letrado. Freno a la solución política La decisión judicial estalla ahora en medio del tramo final del camino que los políticos habían diseñado para convertir el poblado chabolista en una zona urbana. El plan, respaldado por la Xunta y el Concello de Poio, planifica un gran vial que cruzará el núcleo marginal y la construcción de tres bloques de viviendas donde se iba a realojar a las familias. Sin embargo, los plazos que estipula la sentencia son incompatibles con los de la construcción de un nuevo barrio. El juez se permite hacer una puntualización que el abogado Fernando Fidalgo ha querido leer como un espaldarazo a las tesis de la asociación que defiende. «Los problemas sociales tienen que ser resueltos adoptando medidas de esa naturaleza, no permitiendo que se infrinja la legalidad urbanística», dice la sentencia. Las palabras del juez tienen una rápida traducción en las calles de O Vao. La sentencia afecta a diez chabolas, pero en los años que ha tardado el proceso, esas construcciones han crecido. Adosadas a ellas se han levantado nuevas construcciones de familiares de los afectados. La demolición de las primeras es imposible sin llevarse por delante las otras. Y el drama social crece.