Análisis
21 sep 2005 . Actualizado a las 07:00 h.La oferta de la conselleira Teresa Táboas de colaborar en la construcción del polígono industrial de Barro-Meis puede suponer un salto adelante en lo que tiene de rectificación de intenciones sobre la actitud de la Xunta anterior que, sorpresivamente, nunca abordó la gran área fabril que precisaba la comarca de Pontevedra. Pero, mientras las buenas intenciones no se acompañen de dotaciones económicas, como se ha hecho con los cinco millones a invertir en el casco antiguo, hay que decir que sólo estamos ante el propósito de enmienda, eso sí, bajo sospecha de operación de imagen. A día de hoy, el mayor polígono de la comarca está saliendo hacia adelante única y exclusivamente con los fondos de la Diputación y con aportaciones de dos ayuntamientos de economía modesta como Barro y Meis. Mientras, la Xunta y el Gobierno central riegan y regaron millones en otras latitudes para que pueda haber suelo industrial, aquí la Diputación tiene que endeudarse en 11,5 millones (1.913 millones de pesetas) para poner a andar uno de los polígonos mejor situados de Galicia. Son euros que pagan los ciudadanos de la provincia de Pontevedra -no los del conjunto de Galicia o los del conjunto de España- para poner en marcha este polígono de dos millones de metros cuadrados que se prevé pueda aportar a la comarca 2.000 empleos hasta el año 2009. Una inyección económica de la Xunta, acorde con una iniciativa que pondrá en el mercado 301 parcelas, rellenaría las arcas de la Diputación y restituiría la igualdad de trato a la comarca. De no producirse, el propósito del organismo provincial es ir haciendo el polígono con fondos locales y con retornos de la venta de parcelas.