El cisma del papel

Nunca hasta ahora han estado tan definidas las posturas sociales sobre el futuro del complejo industrial de Lourizán. El único problema es que los defensores y detractores de estas instalaciones fabriles han polarizado su posición del tal forma que el conflicto que parte a Pontevedra en dos grupos prácticamente iguales amenaza con extenderse por toda Galicia. De hecho, la intervención directa de la Xunta declarando la supramunicipalidad del plan sectorial de Ence en Lourizán, su posterior judicialización y las críticas de la cúpula nacionalista a este proyecto sólo fueron el principio de lo que se avecina, como anunció sólo hace unos días el sindicato Comisiones Obreras y la rama industrial de UGT, la FIA. La manifestación en favor de Ence, del empleo industrial en Pontevedra y en defensa del sector forestal gallego -un fracaso para los críticos y todo un éxito para sus convocantes- ha puesto en evidencia esa división, que ya fue apuntada por sondeos de opinión como el que realizó Sondaxe para los lectores de La Voz de Galicia en su Barómetro de invierno. Difícil coyuntura Aunque en todos los sectores hay voces discordantes, las posiciones están fijadas. Pero el papel más difícil en esta coyuntura, lo juega el PSOE y su entorno ugetista. Para empezar, su grupo municipal forma parte en minoría del gobierno local pontevedrés y su presencia está limitada por acuerdos de gobernabilidad que, en cierta medida, le atan las manos. Quizás así se explique la radicalización de la postura socialista que a nivel local ha adoptado su grupo municipal, en especial su portavoz, con respecto a la política que seguían sus dirigentes hace posos años. Si bien es cierto que nunca fueron tolerantes con la postura de hechos consumados que practicaba la empresa pastera -fundamentalmente antes de su privatización- también lo es que nunca apoyaron un cierre a machamartillo como exigen los colectivos ecologistas, con quien está alineado el grupo municipal en su conjunto, como lo probó la asistencia de su anterior portavoz, Roberto Taboada, al que sus problemas de salud retiraron de la política. Al margen de declaraciones grandilocuentes, propias de la etapa preelectoral que vivimos, la cúpula socialista no comparte al cien por cien el maximalismo de su grupo municipal. Temen que el órdago que ha echado para recuperar Lourizán para otros usos medioambientalmente más aceptables, apretando las tuercas a cualquier salida legal para el complejo, se les venga encima cuando de verdad haya que tomar una decisión definitiva sobre una fábrica probadamente rentable y con expectativas de futuro. Por ello, existe ese empeño en liderar una mesa de concertación que suavice las posturas y en la que se debata una solución que acepten las dos partes en liza. Sin embargo, hasta ahora la realidad les está hurtando ese ansiado papel de árbitro. Ni la empresa está dispuesta a sentarse con nadie si la premisa negociadora se limita al traslado, ni el Concello de Pontevedra hará lo propio si se debate algo distinto a un traslado de las instalaciones industriales.

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