El sindicato calcula que ha prescindido de unos doscientos empleados La Unión, denunciada por persecución sindical, ha sido condenada por el TSXG
03 dic 2004 . Actualizado a las 06:00 h.?a tensión entre la CIG y el Grupo Monbus, propietario de Transportes La Unión, -que protagonizaron hace tres años una de las huelgas más cruentas del transporte a nivel nacional- ha vuelto a reaparecer. El Juzgado de Instrucción número 4 está instruyendo diligencias previas a raíz de una denuncia interpuesta por la CIG, el pasado 22 de septiembre, contra la cúpula directiva de Transportes La Unión, por «impedir ou limitar o exercicio da liberdade sindical ou o dereito a folga», provocando, alega la central, «unha minoración ou recorte da liberdade sindical ou dereito a folga constitucionalmente recoñecidos». La instrucción de esta denuncia, que podría derivar en una causa penal, se basa en una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dictada el pasado día 25 de noviembre, en la que ratifica una condena del Juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra en la que se declaraba nulo el despido de José Villanueva Piñeiro, un trabajador que llevaba en la plantilla de la empresa desde hacía veinte años. Ambos tribunales vinculan el citado despido con la condición de delegado de la CIG del trabajador. En concreto, el TSXG indica al respecto que: «dada la inexistencia de una justificación objetiva y razonable, es la vinculación de la sanción tanto a la condición de miembro del sindicato CIG que tiene el trabajador como el hecho de presentar la demanda de reclamación de cantidad (...)». Asimismo, en los fundamentos de derecho se añade: «Así pues, ante la inconsistencia del despido y existiendo indicios suficientes de que el despido del actor carente de justificación tuvo un móvil antisindical (...) procede la desestimación del recurso y la paralela confirmación de la sentencia impuganda». El juzgado que instruye la demanda interpuesta por el secretario comarcal de la CIG, Rafael Iglesias, tomó ayer declaración al citado trabajador que, según Iglesias, relató que directivos de La Unión le habían intentado convencer de que se cambiara de sindicato, concretamente a la UGT, a lo que se negó, encontrándose ocho días después con un expediente sancionador que derivó posteriormente en una carta de despido. Secuela judicial Tanto Iglesias -quien en los próximos meses se sentará en el banquillo, con otros dirigentes del sindicato, acusado por Monbus y la Fiscalía por su supuesta intervención en los daños que sufrió parte de la flota durante la huelga- como Xabier Aboi, anunciaron una campaña a nivel gallego contra el grupo que preside el empresario lucense Raúl López. A este respecto, señalaron que el empresario ha propiciado en los últimos años cerca de doscientos despidos en Galicia, además de sumar numerosas denuncias por incumplimiento de líneas y de horarios. Además Aboi, que solicitó la intervención de la Fiscalía, subrayó que el empresario debe «decenas de millóns por sacións á Administración». «Se alguén merece ir ó carcere é o señor Raúl López e toda a sua dirección, e aínda por riba ten o atrevemento de vir a ser o presidente do comité organizador da Copa del Rey do Balonmano. ¡Home! -agregó el dirigente sindical- creo que non foi nada afortunado alguén en Pontevedra al ofrecelle esto a este señor».