El Gobierno dice que definirá un nuevo modelo de gestión de la red viaria supeditado a criterios territoriales Asegura que actualmente sólo se ha amortizado el 12% de la inversión realizada
16 jun 2004 . Actualizado a las 07:00 h.?l Ministerio de Fomento no tiene la más mínima intención de levantar hoy por hoy el peaje de la AP-9 entre Vigo y Pontevedra, y prácticamente ningún otro de las autopistas españolas, por el alto coste que tendría para el Estado. Además de las manifestaciones realizadas en este sentido por la ministra Magdalena Álvarez desde su toma de posesión con respecto a peajes como los de Astorga (León) o Asturias, así se lo ha hecho saber el Gobierno a la diputada nacionalista Olaia Fernández Dávila con respecto al tramo Pontevedra-Vigo. Durante la campaña de las elecciones generales de marzo, los socialistas habían hecho bandera de la supresión del peaje de Rande. El propio Antón Louro, cabeza de lista en la candidatura socialista por Pontevedra al Congreso, anunció este mismo objetivo al día siguiente de ganar los comicios del 14-M. Casi dos meses después, Olaia Fernández, diputada del BNG, también por Pontevedra, dirigió una interpelación al Gobierno para ratificar si consideraba la anulación de los peajes de la AP-9 entre Vigo y Pontevedra, al estimar que los tramos que comunican ambas ciudades realmente funcionan como una circunvalación de acceso a las mismas. El BNG considera que tras 25 años de funcionamiento el tramo en cuestión debería estar «suficientemente amortizado». Comparecencia Sin embargo, la respuesta gubernamental obtenida en este caso no varía sustancialmente ni una coma de la que la propia ministra ofreció de viva voz el pasado martes en el Congreso. «No hay urgencia porque no estamos en condiciones de plantearnos qué vamos a hacer con ellos. Hemos hecho cuentas de cuánto supondría el rescate de los peajes y quiero que sepan que estamos hablando de 16.232 millones de euros», se justificó Magdalena Álvarez. En la respuesta que Fomento ofreció unos días antes a Olaia Fernández se señala que el pago en entornos suburbanos debe ser objeto de un profundo análisis de funcionalidad en cada caso concreto. Sin embargo, también precisa que «sin prejuicio de ello, las deducciones y eliminaciones de peajes deben ser abordadas desde un punto de vista global». Los cálculos preliminares del coste de rescatar el conjunto de los peajes realizados por el Gobierno significarían «el consumo del presupuesto íntegro del Ministerio de Fomento de dos ejercicios seguidos. Una cifra muy elevada -precisa la respuesta- que hay que considerar al plantear cualquier tipo de iniciativa». En el caso concreto de la AP-9, que une Ferrol con la frontera Portuguesa, la inversión realizada se cuantifica en 1.450 millones de euros. Una cantidad de la que, según el Ejecutivo, sólo está amortizada «como dotación al fondo de reversión y amortización técnica», precisa, un total de 173 millones de euros, lo que representa el 12% de la inversión efectuada. La concesión expira en el año 2048, dentro de 44 años, tras la última ampliación.