Cargos populares se reunieron en Pontevedra para pedir cambios sustanciales en la Lei de Ordenación Demandan asimismo mayor flexibilidad para poder construir en núcelos rurales
08 may 2004 . Actualizado a las 07:00 h.El área de suelo rústico protegido en las zonas de costa dejará de ser de 200 metros si prospera una sugerencia de alcaldes pontevedreses del PP para rebajarla hasta los 100 de la vieja ley de Costas. Los regidores pretenden lograr asimismo más facilidades para construir en núcleos rurales y para reformar explotaciones agrarias. Un numeroso grupo de alcaldes del PP se reunió hasta bien entrada la noche del pasado viernes en la sede provincial del PP para estudiar sugerencias a plantear para la modificación de la Lei de Ordenación Urbanística y Protección do Medio Rural. Esta ley, aprobada por el Parlamento en diciembre del 2002, va ser retocada en junio, según anunció la Xunta. La reunión, que sirvió para constatar numerosas dificultades a la hora de aplicar la norma, fue convocada sin que el PP realizase ningún anuncio previo. Distintas fuentes confirmaron que, entre los asistentes, figuraban importantes dirigentes del partido, entre ellos, el presidente provincial, Rafael Louzán y miembros del comité de dirección como el alcalde de Lalín, Xosé Crespo. Aparte de reducir de línea de edificación en la costa -que había sido ampliada a 200 metros por la ley aprobada en 2002-, los alcaldes mostraron especial preocupación por problemas como la construcción en el medio rural. Problemas con los núcleos Según indicaron a este periódico algunos de los asistentes, los regidores mostraron especial preocupación por asuntos como la edificación en núcleos rurales y plantearon la necesidad de desbloquear la expansión de estos núcleos, así como la construcción de caminos nuevos de acceso en zonas contiguas. Asimismo pidieron que se puedan ampliar pequeñas industrias en los núcleos -el caso típico es el del taller- y que se desbloquee la construcción en los que carecen de planeamiento o no lo tienen adaptado a la nueva ley. Los alcaldes populares se quejaron asimismo de lo que consideran una excesiva rigidez de otras administraciones -hubo alguna referencia a Patrimonio- y de los dobles controles que se aplican en algunos casos -mediante informes vinculantes de asuntos cuya aprobación definitiva corresponde a la Xunta-.