Las decisiones de la Xunta y del Concello siembran la duda entre los constructores de Marín La crispación urbanística en Marín ha alcanzado un punto culminante de difícil equiparación con los últimos mandatos. La brecha abierta en la interpretación de las normas subsidiarias por la Xunta ha derivado en un conflicto político sobre las consecuencias de la prohibición de que los edificios puedan exceder los veinte metros en sus fondos de edificabilidad. Gobierno local y oposición no se entienden, mientras se suceden las denuncias ante la Xunta y los recursos judiciales vía contencioso.
25 may 2002 . Actualizado a las 07:00 h.Las normas subsidiarias de Marín de 1978 están obsoletas y se impone su actualización. Éste es el único punto donde PSOE y PP se muestran de acuerdo. En el resto, los enfrentamientos llegan a rozar el insulto. Uno de los choques más fuertes tiene como protagonista a una licencia concedida por el gobierno actual en O Inferniño para un edificio de nueva planta. La comisión de gobierno dio su visto bueno, apoyándose en los informes técnicos. Pero en el revuelo urbanístico de estos últimos meses, el consello escolar de Calvo Sotelo denunció ante la Xunta por las consecuencias de estas obra para el centro. El resultado fue un requerimiento de la Dirección Xeral de Urbanismo, que tras comprobar las normas subsidiarias en vigor, rechazó que se pudiesen dar licencias para bajos de más de 20 metros. Esta resolución anuló la aplicación de una decisión de una comisión de gobierno de hace unos quince años, que regulaba la construcción, permitiendo esta edificabilidad de fondo en algunas circunstancias concretas. La polémica continuó porque, aunque el gobierno local acató la orden de la Xunta en lo referente a los bajos, se produjo una segunda denuncia. En este caso, el portavoz del PP, Santiago Pazos, afirmó que las normas tampoco permitían la construcción de sótanos superiores a los 20 metros. Incertidumbre La interpretación de la norma por la Xunta se conoció esta semana. Decretó que el Concello suspendiese la licencia y paralizase la obra en los sótanos cuando estos excediesen de los polémicos 20 metros. Esta resolución está pendiente de su ejecución por el Concello, ya que el plazo aún no se ha agotado. Sin embargo, las consecuencias de estos dos requerimientos de la Xunta son muy importantes para el futuro del urbanismo local. Marín, sin un PGOU aprobado y con importantes carencias de suelo urbanizable, se enfrenta a la paralización de la actividad del sector empresarial en el municipio. Los promotores se encuentran inseguros sobre la validez de las licencias del Concello ante el precedente del Inferniño. El gobierno local ha intentado solucionar el problema con la tramitación de una modificación puntual de la norma, que suponga el fin del conflicto y permita legalizar las obras ejecutadas al amparo del acuerdo de la comisión de gobierno de los ochenta. Pero el PP ha anunciado que alegará a su contenido al creer que la propuesta municipal es de un alcance poco relevante y que no arreglará nada.