El delegado de Familia, Joaquín Macías, garantiza que la situación no se trasladará a Pontevedra El comité de empresa de la Consellería de Familia manifestó ayer su preocupación con respecto al futuro del centro de menores Avelino Montero, después de la Xunta decidiese el cierre de una instalación similar en A Coruña. Para el comité se corre el riesgo de que la política privatizadora se extienda a Pontevedra. Sin embargo, el delegado de Familia, Joaquín Macías, lanzó un mensaje tranquilizador a los trabajadores al garantizar que no existe ni la más mínima intención de cerrar o privatizar el Avelino Montero.
14 may 2002 . Actualizado a las 07:00 h.El Consello de la Xunta de Galicia aprobó el pasado viernes un decreto «polo que se pecha o centro de menores Xesús de Nazaret-Palavea (A Coruña)». El centro, con capacidad para cien plazas de internado, había visto reducida en los últimos su capacidad a dieciséis menores debido a las frecuentes averías y a deficiencias en las edificaciones. En los próximos meses, la gestión del centro pasará a manos privadas, lo cual para tanto los sindicatos como los grupos políticos de la oposición, constituye una equivocación por parte de la Xunta, pues creen que la rehabilitación o reeducación de jóvenes conflictivos no debería de ser nunca competencia de una empresa privada. El comité de empresa de la delegación provincial de la Consellería de Familia ¿de la que depende el Avelino Montero¿ ve en el caso de Penavea un posible anticipo de lo que podría sucederle en un futuro al centro de menores pontevedrés. Por ello denuncian «o desmantelamiento dos servicios públicos para darlle a xestión a entidades privadas». Por ejemplo, afirman que Monte Ledo, en Ourense, se convirtió con su privatización «nun centro no que os menores estan prácticamente nun réxime carcelario, vixiados por gardas e sen a necesaria e obrigatoria intervención educativa». Desde el comité se recuerda que el personal que trabaja en los centros de menores públicos «está altamente cualificado porque superou unhas probas especificas, ten experiencia e, sobre todo, ten unha responsabilidade civil e penal directa diante da Xunta polo desempeño das súas funcións».