El «caso del ácido» lo resolverá la sala que ya condenó los abusos paternos a la víctima
PONTEVEDRA
El fiscal sostiene que la inculpada agredió con el líquido corrosivo a su hija de forma premeditada
06 abr 2002 . Actualizado a las 07:00 h.La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra será la encargada de juzgar a María del Carmen Barreiro Mouzo, la mujer que el 2 de octubre del 2000 arrojó ácido sobre el rostro de su hija en el Palacio de Justicia. Se da la circunstancia que esta sala, que ya ha resuelto varios asuntos relacionados con este caso, en su día juzgó y condenó a los progenitores de la joven agredida, que actualmente cumplen condena en la cárcel de Topas, en Salamanca. En aquella ocasión, febrero del año pasado, el tribunal condenó al padre, Ángel Lojo Triñanes, a treinta años de prisión por dos delitos continuados de agresión sexual sobre su hija. Asimismo, la sala segunda impuso a la ahora procesada un total de dieciséis años en concepto de cómplice por omisión del deber de socorro y por encubrir a su marido. En el nuevo juicio, cuya fecha aún tiene que ser señalada por el órgano judicial, el fiscal defenderá que la procesada actuó «sin que le importara nada la integridad física de la víctima u otras personas que pudieran verse afectadas por la acción del líquido corrosivo». Además, entiende que esta agresión fue «absolutamente pensada desde tiempo atrás». Sobre las once de la mañana del día de los hechos, la acusada, en el interior de la Audiencia de Pontevedra, se abalanzó sobre la víctima con un bote de ácido en la mano. La joven, al verla venir y mientras su madre le echaba el ácido, se cubrió el rostro con las manos y se tiró al suelo. En un momento determinado, la acusada «agarró a la muchacha por su larga melena, volviéndole la cara para ensañarse más con ella y poderle verter el líquido en plena faz». María del Carmen Barreiro se enfrentará en este juicio a una petición de pena del fiscal de doce años por las lesiones con deformidad que provocó el ácido sobre el cuerpo de su hija, así como ocho años por los daños sufridos por dos asistentes sociales que acompañaban a la joven vilanovesa. Además, el fiscal y la acusación particular entendieron que la acción de la acusaba tenía como objetivo obstruir a la Justicia, delito por el que solicitan otros tres años.