Iglesias recordó que uno de los puntos incluidos en el laudo que cerraba el conflicto -«nos pensabamos que estaba pechado, pero fórzannos a abrirlo de novo»- especificaba que la empresa abandonaría las acciones legales contra los trabajadores iniciadas a raíz de la huelga. «Non só non o cumplen, senon que siguen a presentar denuncias e a personarse nas causas abertas». Precisamente, el lunes se celebrará una nueva vista contra un trabajador, Eladio Piñeiro, por supuestos daños causados en un autobús durante el conflicto. El ministerio fiscal pide diez meses de multa a razón de 6 euros (mil pesetas) diarios, mientras que la petición de la acusación particular (ejercida por la empresa) es de veinte meses de multa a razón de 12 euros al día, y tres años de prisión.