Louzán se desentiende del recurso surgido en Lugo La Diputación de Pontevedra atribuye a la Xunta los numerosos problemas surgidos con la aplicación del convenio de la gratuidad del peaje en Rande. Ayer, el vicepresidente Rafael Louzán volvió a desentenderse del recurso contra el convenio Diputación-Xunta, anunciado por entidades vecinales en Lugo.
21 feb 2002 . Actualizado a las 06:00 h.Desde que, a finales de noviembre, se planteó en la Diputación el convenio del peaje, en el que este organismo aporta la mitad de los 580 millones de gasto anual previstos, los principales dirigentes provinciales se remiten a Política Territorial cada vez que hay un problema. Tanto el presidente de la institución, Manuel Abeledo, como los vicepresidentes Juan Luis Pedrosa y Rafael Louzán, se han negado a aclarar las numerosas incógnitas planteadas, alegando que el asunto del peaje «lo lleva la Xunta». Este tipo de evasivas, invariablemente repetidas ante las numerosas preguntas al respecto de los informadores, fueron usadas ayer de nuevo por Louzán al ser preguntado por el recurso promovido en Lugo contra el convenio del peaje. «Algo me acaban de comentar», señaló el vicepresidente, poco antes de remitirse al presidente por ser «quen levou as xestións» y reconocer que desconocía la reclamación. Éstos son algunos de los problemas que siguen sobre la mesa: Hasta la UE. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Lugo ha reclamado para los lucenses la gratuidad de peajes en Rande. Alegan que es su «derecho constitucional» y advierten que recurrirán al Defensor del Pueblo y a la UE. Un eventual recurso legal podría paralizar el sistema de tarjetas de gratuidad. Personas jurídicas. Sigue sin resolverse el acceso a la gratuidad de las personas jurídicas -empresas con forma societaria- al igual que los empresarios individuales. Tampoco se ha firmado el convenio con la entidad financiera que tramitará las tarjetas. Pontevedra. Tampoco se ha arbitrado sistema alguno para cumplir la promesa, firmada por el conselleiro Cuiña Crespo y Abeledo, con los alcaldes pontevedreses, de gestionar ante Fomento una rebaja del 50 por ciento en el tramo Pontevedra-Vigo.