Piden seis años de cárcel y doce de inhabilitación para el alcalde de Verín por promover obras ilegales en el entorno de una iglesia
VERÍN
Gerardo Seoane se sentará en el banquillo de acusados de la Audiencia Provincial de Ourense el próximo 11 de septiembre
07 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El alcalde socialista del concello de Verín, Gerardo Seoane, se sentará la próxima semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Ourense para responder de cargos por los que podría ser condenado a penas de seis años de cárcel y doce de inhabilitación. El regidor está acusado de un delito de prevaricación urbanística y otro contra la ordenación del territorio, por haber promovido obras ilegales en el entorno de una iglesia.
El caso se remonta al año 2019 y tiene como escenario el templo de San Bartolomé, situado en la parroquia de Queirugás, que está recogido en el plan urbanístico de Verín y en las normas subsidiarias de planeamiento del municipio, como bien inventariado, enclavado en una zona de protección que incluye también al cementerio parroquial. Esas catalogaciones hacían de la zona un lugar en el que no se podían realizar obras sin la pertinente autorización, pero se sospecha que el regidor municipal incumplió esa premisa.
Así lo indica el escrito de acusación del caso, que sostiene que en una fecha no determinada del mes de febrero del 2019 el regidor investigado promovió varias reformas. Figuran entre ellas la demolición de los restos de una edificación en estado de ruina colindante por el norte con la parcela de la iglesia, levantando el firme de hormigón existente en un tramo de la calle y realizando movimientos de tierras para excavar zanjas destinadas a introducir nuevas canalizaciones de abastecimiento de agua, saneamiento y soterramiento de las redes de suministro eléctrico y alumbrado público. Terminados estos arreglos, se colocó un nuevo firme con «hormigón de acabado rugoso con color incorporado» en la zona correspondiente al lateral de la iglesia. Ejecutó, presuntamente, un nuevo muro de bloques en sustitución del original de cantería y mampostería de la edificación en ruina, que no respetaba la posición del original, ampliándose la dimensión de la calle.
El 20 de febrero del año 2019 un técnico del servicio de gestión cultural de la Consellería de Cultura realizó una visita a las obras y emitió un informe en el que requirió al Concello de Verín para que las paralizase cautelarmente, alegando que estas carecían del preceptivo informe de Patrimonio. Ordenó la reposición de la legalidad urbanística y exigió que se presentase un proyecto que permitiera preservar el portalón de entrada a la iglesia, pero esto nunca ocurrió. Desde la Xunta se solicitó el auxilio de la Policía Autonómica para entregar al acusado la notificación del informe, si bien este se negó a firmar y a recoger la notificación, «continuando con la ejecución de las obras a sabiendas de la ilegalidad de las mismas», sostiene el fiscal, acogiéndose al informe de la segunda visita del técnico de la Xunta al lugar de los hechos.
El fiscal del caso reprocha al regidor, arquitecto de profesión, haber promovido las obras «a sabiendas de que carecían de la correspondiente licencia municipal, sin presentar el proyecto elaborado por un técnico competente y sin contar con la preceptiva autorización de la Consellería de Cultura, pese a que eran informes necesarios». Recuerda que la zona afectada estaba sujeta a una protección especial, al amparo de la ley del Patrimonio Cultural de Galicia y la legislación nacional de Patrimonio Histórico Español.
Esta conducta, de probarse, supondría la comisión de un delito de prevaricación urbanística en concurso con otro contra la ordenación del territorio, por lo que se reclaman seis años de cárcel, además de una multa de 6.480 euros. El futuro político del veterano socialista, que lleva más de diez años en el cargo, también está en juego, ya que se reclaman doce años de inhabilitación para empleo o cargo público por el cargo de prevaricación.
El juicio está señalado para el 11 de septiembre, a partir de las nueve y media de la mañana. No es la única causa pendiente que tiene el regidor, que recientemente fue citado a declarar como investigado en el marco de otro caso. Se indaga si pudo haber incurrido en un delito de prevaricación al dejar caducar un expediente sancionador. Seoane Fidalgo también está pendiente de sentarse en el banquillo por un cargo de desobediencia, derivado del presunto incumplimento reiterado de una sentencia judicial.