España se incorporó a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986. Van ya 30 años de integración en una realidad jurídica, económica y social que influye en nuestra vida diaria en muchos órdenes. Nuestra pertenencia a la hoy Unión Europea de 28 estados miembros (hasta que el «brexit» desuna lo que el Tratado de Roma unió) ha supuesto una profunda transformación que nos ha llevado a cambiar nuestras pesetas por el euro, a circular libremente a través del espacio Schengen por donde antes existían fronteras administrativas, o a adaptar nuestras legislaciones de las más diversas naturalezas a directivas y reglamentos comunitarios, entre otras cuestiones.
Todo este proceso de cambios ha ido acompañado de la política regional europea, la acción de la UE dirigida a impulsar el crecimiento económico y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, una estrategia basada en dirigir la mayor parte de financiación a las regiones menos desarrolladas a través de los conocidos como fondos europeos. Desde su llegada, todo lo relacionado con la financiación comunitaria comporta una alta complejidad técnica derivada en parte de su sistema de «gestión compartida» entre la Comisión Europea y los organismos nacionales y regionales. Esta complejidad significó que, sobre todo en los primeros períodos de programación en los que España podía acceder a los mismos, su conocimiento y difusión centrara la atención de las administraciones que a ellos podían optar. En la década de los 90 había un Ayuntamiento en Galicia que era un referente por su interés en aquella recién llegada política regional europea. Los que hasta aquella localidad vecina del Concello de A Coruña cada año nos acercábamos desde cualquier municipio ourensano para participar en sus «Encuentros de desarrollo local» lo hacíamos recorriendo un trayecto de más de dos horas y sin transitar por un solo kilómetro de autovía o autopista en nuestra provincia. Hoy se puede ir al Concello de Culleredo desde la Eurocidade Chaves-Verín atravesando la provincia de Ourense y llegando al destino sin salir de autovías y autopistas, o utilizar un tren que desde nuestra capital provincial llega a A Coruña en 68 minutos. Estos cambios operados en las infraestructuras, los tiempos o la comodidad en los desplazamientos que afectan a la vida diaria de las personas habrían sido difíciles sin la contribución de la financiación comunitaria.
En el contexto del capital humano, los fondos europeos tienen quizás menos «visibilidad» que en el de las infraestructuras, pero también tienen incidencia en la vida diaria de muchos ciudadanos. Gracias al FSE muchas personas han podido acceder a los «certificados de profesionalidad» que acreditan su preparación en un determinado sector. A través del programas Erasmus muchos estudiantes han realizado parte de su titulación en universidades de diferentes países europeos. O, a través de la aportación comunitaria del programa Leonardo Da Vinci, los ya titulados han podido tener una primera experiencia laboral en otro país de la UE.
En todos estos años y a través de todos sus mecanismos, sin duda la financiación comunitaria ha contribuido a los objetivos de la política regional europea.