El grupo municipal del PP reiteró ayer su «enorme preocupación» por la sentencia de demolición del inmueble y, además de solicitar al alcalde que «como mínimo se reúna con los vecinos», considera «evidente» la necesidad de crear una comisión de investigación «para depurar responsabilidades políticas y examinar los informes técnicos con los que se otorgó la licencia ilegal», indicó Julio Flores. La oposición cree que el Ayuntamiento tendrá además que plantearse si traslada las reclamaciones a los responsables últimos del permiso para las obras, concedido hace 13 años. «Ya nos hemos enterado por la propia concejala de Urbanismo de que no piensa defender a los coruñeses», lamentó el edil en respuesta a las declaraciones de Taboadela en las que rechazaba tal posibilidad.
También ayer Taboadela reiteró que la comisión de investigación «no sería necesaria porque no aportaría nada nuevo» y recordó que los técnicos municipales ya trabajan «para dar con una solución que garantice la legalidad del edificio».