Condenan al Concello de Ourense y a un exconcejal de Jácome por acoso laboral a la jefa de la Policía Local

El Concello de Ourense y el exconcejal de Democracia Ourensana Telmo Ucha tendrán que indemnizar a la jefa intendente de la Policía Local, María Barrera, con 30.000 euros. El Juzgado de lo Social número 1 ha estimado, parcialmente, la demanda por acoso laboral contra el que era entonces el responsable de Seguridad Ciudadana en el gobierno en minoría de Gonzalo Pérez Jácome. Según la resolución, el Ayuntamiento infringió la normativa laboral en materia de prevención de riesgos laborales. Se declaran nulos los actos de acoso que se mencionan en la sentencia y se condena a la administración local a la reparación de los mismos.

La responsable de la Policía Local aseguraba en su demanda que había sufrido una campaña de desprestigio por parte del entonces concejal del grupo de gobierno, del partido Democracia Ourensana. El juez de lo Social 1 considera probado que la demandante fue «objeto de una conducta de acoso por parte del demandado, incluso apoyada por el señor alcalde con algunos actos, que en vez de proteger la salud de la trabajadora cuando presentó la denuncia por acoso, realizó manifestaciones públicamente que afectan a la dignidad».

El magistrado explica en la sentencia que existieron actos de acoso por parte de Telmo Ucha a la responsable policial. Detalla que, dado que en la denuncia se empiezan a enumerar hechos desde el año 2015 y el demandado fue nombrado concejal de Seguridad el 23 de septiembre del 2020, debe distinguirse entre el período anterior a su toma de posesión como edil y el posterior. Dentro de este, entiende que existió «una primera fase de mero conflicto laboral» y, una segunda, «en la que ya se aprecian los actos constitutivos de acoso». El juez pone fecha al acoso continuado que sufrió María Barrera: sucedió entre el 2 de marzo del 2022 y el 2 de diciembre de ese mismo año. El ambiente en la Jefatura llegó a ser «irrespirable» en dicho período, dijo Ucha, mientras que el jefe interino declaró que era muy tenso.

Entre los hechos probados que dan la razón a la jefa policial, el juez enumera varias manifestaciones realizadas por el entonces concejal delegado de Democracia Ourensana en sus redes sociales. Señala, por ejemplo, un par de caricaturas de la intendente y expresiones en las que solicitaba directamente su cese. En diciembre del 2017, Ucha publicó: «Por Dios, cesen a la incompetente de Barrera» o «Inepta de funcionaria». También le recriminaba el cobro de horas extras realizadas fuera de la Jefatura.

Después de esos antecedentes, hubo otro momento de tensión, en noviembre del 2021, al reclamar el edil de Seguridad de DO a la jefa de la Policía Local una propuesta de cuadrante de turnos para llevar a la mesa de negociación. Se lo pidió de un día para otro. La jefa y el inspector superior hicieron constar que la organización de ese cuadrante le correspondía a ellos, por razones de operatividad. El concejal quería implantar el cuadrante 12/12 (turnos de doce horas tres días seguidos y descanso de cinco días consecutivos) y así se aprobó en la mesa negociadora. La jefa policial manifestó su disconformidad, por razones operativas y económicas.

El magistrado observa que el conflicto entre las partes se produjo «como consecuencia de una diferente interpretación de las funciones que debe de asumir la jefa de Policía Local». Los demandados consideraban que debía prevalecer la jerarquía, con alcalde y concejal encima y ella debía acatar sus órdenes, mientras que la jefa se amparaba en la Ley de Coordinación de Policías Locales de Galicia que estipula que las funciones de organización son su competencia, mientras que los políticos solo deberían impartir directrices. El juez estipula que, según la ley, ninguna de las dos partes tiene la razón al completo, aunque más la demandante que el concejal y el alcalde.

Otro episodio se produjo cuando la intendente pasó a una situación de baja médica. El concejal reclamó a la secretaria de la jefa las llaves del despacho de esta. Como no las tenía, días después, en mayo del 2022, un agente acudió al domicilio de Barrera con un requerimiento firmado por el concejal de Seguridad en el que la instaba a retirar sus objetos personales de la oficina porque la iban a abrir al día siguiente. El edil de Democracia Ourensana, con varios funcionarios, entre ellos el oficial mayor y el jefe interino, además de un cerrajero, acudieron el día siguiente a abrir el despacho y a retirar los efectos de la intendente. Esta envió un escrito por burofax al alcalde al día siguiente, oponiéndose a esa actuación. El 2 de junio del 2022, la María Barrera presentó una denuncia por acoso laboral. El día 3, Gonzalo Pérez Jácome publicó en sus redes sociales: «Por suerte, no todos, pero en el Concello hay algunos funcionarios que simplemente no la rascan y/o quieren tomar decisiones políticas y finalmente, cuando los pones en su sitio, su única y endeble defensa es alegar acoso». Un día después, escribió: «Cree el ladrón que todos son de su condición. La jefa de la Policía Local de Ourense acusó de acoso al concejal de Seguridad. En los últimos años, y bajo el mando de esta jefa de policía, 17 policías locales de Ourense la acusaron a ella de acoso». Luego publicó un vídeo en el que exponía sus motivos para entrar en el despacho cuando su titular esta estaba de baja. En un pleno, el alcalde defendió los cambios hechos en la Policía Local y restó méritos a un reconocimiento que le dieron a Barrera en una asociación policial. Sobre estas intervenciones del regidor se pronuncia el juez: «De nuevo, el señor alcalde humilla a la trabajadora, criticando despectivamente un premio que le han dado, porque dice que se lo han dado por estar de baja. Baste decir aquí, que la actora inició consultas en junio del 2022 en el servicio de psiquiatría del CHUO». La demandante recibió tratamiento médico por un trastorno ansioso depresivo reactivo, del que mejoró cuando Telmo Ucha dejó de ser el responsable de Seguridad del Concello, según recoge la sentencia. La resolución precisa que las manifestaciones del político antes de que ostentara el cargo de concejal delegado de Seguridad -desde el 23 de septiembre del 2020- no pueden ser tenidas en cuenta para la demanda por acoso laboral pues hasta esa fecha no empezó a ser su superior jerárquico. Hasta entonces podía hacer uso de su libertad de expresión y de crítica hacia la funcionaria. Su posición jurídica cambió al pasar a ser concejal y tener obligaciones frente a una trabajadora subordinada que no cumplió. 

El juzgado estima parte de la demanda que presentó la jefa de la Policía Local de Ourense contra el Concello, siendo alcalde Gonzalo Pérez Jácome, y contra el concejal Telmo Ucha (que no repitió en las listas de DO y ya no forma parte de la corporación) y la sentencia estipula que las dos partes demandadas deberán abonar la indemnización conjunta y solidariamente de 30.000 euros. El Concello anunció que recurrirá la resolución ante el TSXG. La resolución incide en que  infringió la normativa de protección de los trabajadores frente a riesgos laborales y que debía haber investigado los hechos para detectar las causas.  

El BNG pide que sea Jácome quien pague

Tras conocer la sentencia que condena al Concello de Ourense a pagar parte de la indemnización a la jefa intendente de la Policía Local, el BNG presentó una moción de urgencia para su debate en el pleno municipal que se celebrará este viernes. En ella, el grupo nacionalista defiende que sea el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, quien asuma de su propio bolsillo ese pago. «Se ben é certo que o condenado é o Concello de Ourense como institución, na sentenza, referéncianse e personifícanse as condutas delictivas na persoa do Alcalde polo que non é de recibo que teña que ser toda a veciñanza no seu conxunto a que asuma o custe dos comportamentos impropios de quen exerce e ostenta a máxima representación do Concello», razona el texto.

El BNG propone, además, la reprobación del alcalde y le pide que comparezca públicamente para disculparse con la intendente jefa y con los vecinos de Ourense en general. Además, Comisiones Obreras ha difundido un comunicado en el que pide la dimisión del alcalde. El sindicato subraya que los «insultos» y las «faltas de respeto» de Jácome son generalizadas.

Por su parte, María Barrera se mostró satisfecha con la resolución judicial: «Todo lo que he vivido se ha visto refrendado. Hubo un acoso, eso ha pasado, y espero que no ocurra más».

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