Jácome reconoce ante el juez que compatibiliza su salario público con ingresos privados
OURENSE
El alcalde de Ourense declaró como investigado por un presunto delito de apropiación indebida
13 feb 2026 . Actualizado a las 14:00 h.El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, estaba citado este viernes a primera hora de la mañana para declarar como investigado por un supuesto delito de apropiación indebida. La capital ourensana vive con especial intensidad el entroido y, al llegar a los juzgados, el regidor se paró ante los medios de comunicación que lo estaban esperando y pidió «micrófonos, por favor» para invitar a los ciudadanos a que participen en las actividades programadas por el Concello. Cuando terminó, un periodista le preguntó cuánto gana por sus actividades privadas, pero Jácome no respondió. Dentro sí tuvo que hacerlo ante el juez que lo investiga, precisamente, por compatibilizar su sueldo público con los ingresos de sus negocios, entre los que destaca la televisión local AuriaTV.
Este caso tiene su origen en una querella presentada por un exconcejal de su propio partido, Democracia Ourensana. El exedil, Telmo Ucha, acusaba al alcalde de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental, pero en el auto de admisión a trámite el juez Leonardo Álvarez concluyó que los hechos descritos encajan mejor en el delito de apropiación indebida. El magistrado pidió al Concello de Ourense un certificado sobre los salarios percibidos por Jácome desde el año 2019 —actualmente su sueldo supera los 75.000 euros anuales— y a la Agencia Tributaria, sus declaraciones de IRPF, las trimestrales de IVA y renta y la del impuesto de patrimonio.
Esa documentación prueba que el alcalde ourensano lleva seis años recibiendo ingresos de sus actividades públicas y de las privadas. Según explicó el abogado del querellante, Eduardo Sánchez, Jácome también lo reconoció ante el juez, aunque defiende que es legal y se trata de algo que, por otra parte, nunca ha ocultado. «O resumo da declaración é que quedan acreditados todos os feitos que describimos na querela e agora falta que se interpreten xuridicamente», dijo el letrado. El quid de la cuestión está, por lo tanto, en si el alcalde debía o no solicitar el permiso del pleno para compatibilizar ambos ingresos. En el año 2019 el regidor inició los trámites para ello, aunque finalmente retiró ese asunto del orden del pleno en el que estaba previsto debatir su solicitud.
En aquel momento, el entonces jefe de la asesoría jurídica del Concello emitió un informe. En él explicaba que para conseguir la compatibilidad debía acogerse a alguna de las excepciones previstas por la ley, es decir, que la actividad privada consista en la gestión del patrimonio personal o familiar o que se trate de una tarea profesional o mercantil con carácter «residual» y sin incurrir en conflictos de intereses.
Precisamente, además de Jácome, este viernes estaban llamados a declarar en el juzgado tres testigos y uno de ellos era el jefe de la asesoría jurídica en aquel año 2019, Juan Ramón Costas Núñez. El funcionario —que, tras un breve paso por el Consello de Contas, recientemente fue designado por el alcalde como city manager (o coordinador general)— se ratificó en el informe que elaboró en su día. Eso afirma el abogado del querellante porque el propio Costas no quiso atender a los medios de comunicación que lo esperaban a su salida del juzgado.
Quien sí habló es el actual jefe de la asesoría jurídica municipal, José Javier García Gago, que fue delegado sindical de la CIG y miembro de la dirección provincial del PSOE antes de convertirse en uno de los hombres de máxima confianza de Jácome. Declaró como testigo, aunque la querella inicialmente solicitaba que fuese citado como investigado por supuestas irregularidades en su propia compatibilidad para ser profesor en el campus, una pretensión que rechazó el juez. En su actual responsabilidad, tuvo que elaborar un informe sobre la denuncia administrativa que Telmo Ucha presentó en el Concello con carácter previo a su querella judicial. Gago explicó que se limitó a manifestar que la queja del exconcejal no debía admitirse a trámite precisamente porque ya no formaba parte de la corporación municipal y, por lo tanto, no era una parte interesada en el asunto. El funcionario no se quiso pronunciar sobre la legalidad o no de los ingresos del alcalde. «O xuíz non permitiu, penso que acertadamente, que me preguntaran por iso porque eu vou como testemuña, non como perito», dijo.
También estaba llamado a declarar como testigo Luis María Bermúdez de la Puente Villalba, el secretario del Ayuntamiento en aquel año 2019, que se jubiló el pasado mes de marzo. Precisamente, la citación se envió al Concello de Ourense, pero el exfuncionario ya no trabaja allí y ni siquiera vive en la ciudad, por lo que no se le pudo notificar la convocatoria y no asistió. El abogado del querellante cree que no será necesario volver a citarlo y aseguró que con las declaraciones de este viernes «debería darse por pechada a instrucción».
Gonzalo Pérez Jácome respondió a las preguntas del fiscal y del juez —no a las del letrado de la acusación— y cuando salió de los juzgados no quiso hablar ante los medios de comunicación. Se marchó en taxi junto a su abogado, Luis Manuel Salgado Carvajales, su jefa de gabinete, Susana Gómez Valencia y el concejal sin competencias delegadas Rafael Martínez Cachafeiro. El recorrido o no del caso queda en manos del juez Leonardo Álvarez.