Acusan a un vecino de Ourense de 36 años de «tirarle los tejos» a una octogenaria para conseguir que hiciera testamento a su favor y le cediera un piso antes de morir

Marta Vázquez Fernández
M. Vázquez OURENSE / LA VOZ

OURENSE

El acusado, durante el juicio en Ourense
El acusado, durante el juicio en Ourense M. FERNÁNDEZ

El acusado fue absuelto hace unos meses de otra operación que lo convirtió en propietario de los bienes de un anciano ingresado en la residencia de la que él era apoderado

14 mar 2024 . Actualizado a las 16:00 h.

Un hombre de 36 años que el pasado mes de diciembre fue absuelto de haberse quedado con los bienes de un anciano que estaba ingresado en la residencia geriátrica de Verín de la que él era gerente, vuelve al banquillo de los acusados. Después de haber sido exonerado de aquel asunto, con una sentencia que está recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Pablo Miguel F. D. debe responder ahora por una presunta extorsión amorosa de la que habría sido víctima una mujer de avanzada edad. Tanto la Fiscalía como los herederos de la señora sospechan que el investigado la engatusó hasta conseguir que hiciera testamento a su favor.

Todo comenzó en año 2018. El acusado vivía en el mismo edificio que la víctima, en una céntrica calle de Ourense, lo que le habría permitido conocer detalles relativos a su situación económica. Consciente de que era propietaria de bienes inmuebles y sabedor también de que no tenía una relación fluida con su hija y con su nieto, habría tramado un plan para quedarse con su patrimonio.

Así lo sostiene el escrito de acusación del ministerio público, según el cual el acusado comenzó a acercarse a la víctima, que tenía entonces 83 años, «de forma intencionada y con el propósito de hacerse con sus bienes». En ese escenario, habría empezado a ««tirarle los tejos»» a la anciana, que tenía una minusvalía del 74 % y arrastraba problemas psiquiátricos. Tras varios encuentros habría conseguido el sospechoso que ella accediera a irse a vivir a su casa, aprovechando para quitarle a la anciana las llaves de la vivienda, que era de su propiedad.

En lo que podría ser un engaño de manual, el acusado «impidió o dificultó» las relaciones de la víctima con terceras personas y familiares que pudieran advertirle sobre la controvertida relación con un hombre que era cincuenta años más joven que ella, acompañándola siempre que salía a la calle para cualquier gestión. Llegó incluso, o eso sostienen las acusaciones, a llevarla a una notaría de Lugo para, «aprovechándose de su situación de anciana frágil» convencerla para que le otorgara un testamento a su favor, algo que ocurrió el 12 de junio del 2019. Este documento implicaba que su hija quedaba desheredada, a pesar de que quince días antes había reconocido a esa descendiente la legítima y había nombrado heredero universal a su nieto.

Un contrato de alimentos

Recoge el informe de la Fiscalía que el acusado también consiguió que la víctima firmase ante el mismo notario con despacho en Lugo una escritura de cesión de bienes a cambio de alimentos. A través de ese documento el investigado se comprometía a ocuparse de la manutención de la octogenaria y, como contrapartida, ella le cedía su piso. El contrato resultó ser muy ventajoso para el hombre sobre el que ahora recaen sospechas, ya que la octogenaria murió dos semanas después, el 14 de julio del 2019.

Para la Fiscalía estos hechos son constitutivos de un delito de extorsión o, subsidiariamente, de un cargo de coacciones, reclamando en ambos supuestos una condena de un año y ocho meses de cárcel. Mucho más alta es la petición de pena que hace la acusación particular. Esta parte ve en lo ocurrido delitos de secuestro y coacciones por los que interesa once años de prisión. Eso sí, también introduce un cargo alternativo de estafa o coacciones.

Y aunque estaba previsto que el juicio se celebrase este miércoles en Ourense, finalmente se suspendió, al entender la magistrada que se trata de un asunto que debe ser juzgado en la Audiencia Provincial. Así las cosas, el asunto será enviado desde el Juzgado Penal 1, en el que iba a ser tramitado, al alto tribunal ourensano, donde también se había juzgado el anterior caso de estafa. Estaban citados más de una decena de testigos, entre ellos los denunciantes.