En la campaña de las elecciones gallegas del año 2016, todos los partidos, incluido Democracia Ourensana, firmaron una declaración por la que se comprometían a facilitar la creación en la ciudad de un CAPD (Centro de Atención a Persoas con Discapacidade) como el que ya existe en las otras tres provincias de la comunidad. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y se han dado pasos para construir ese edificio, pero lo cierto es que los padres están hartos de promesas incumplidas. En su lucha, además, están huérfanos del apoyo de la principal autoridad de la ciudad, que es el alcalde (o debería serlo). El silencio de Gonzalo Pérez Jácome es atronador y, aunque este asunto es competencia de la Xunta y quizás no genere tantos réditos electorales como las orquestas y las charangas, el regidor deberia servir de altavoz para las justas reivindicaciones de los ourensanos.
O, como mínimo, mostrar algo de empatía hacia unos padres que llevan siete años luchando por un futuro para sus hijos. Quieren un centro público y de gestión pública directa porque confían más en la Administración que en una hipotética concesión a una entidad privada, ya sea una empresa o una fundación sin ánimo de lucro. Es allí donde se quedarán sus hijos cuando ellos falten. «Non nos iremos tranquilos sabendo que quedan en mans dun empresario», dicen. Piden, ni más ni menos, lo mismo que tienen en las otras tres provincias gallegas. Jácome dice que Ourense siempre sale discriminada y aquí tiene una oportunidad estupenda para insistir en ello. ¿O esto también es una «chorrada»?