El Concello de Ourense gasta más en material escolar para los hijos de los funcionarios que para las familias sin recursos. Cuando leyó este titular en La Voz de Galicia, el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, se apresuró a enviar un comunicado para anunciar medidas con el objetivo de eliminar las ayudas sociales que recibe el personal municipal. El Concello pagó cerca de 60.000 euros a los trabajadores para los libros de sus hijos y, sin embargo, las subvenciones por ese mismo motivo para los ourensanos con dificultades económicas no llegaron a los 25.000 euros.
Pero el problema que urge solucionar es, según el alcalde, que los funcionarios reciban muchas ayudas, no que los demás tengan muy pocas. Y resulta que cambiar el acuerdo regulador que concede al personal municipal esos derechos no es tarea fácil. Jácome pretende hacerlo por las bravas, sin negociar, pero las denuncias que presentó en el pasado quedaron en nada y las medidas anunciadas ahora seguirán, con mucha probabilidad, el mismo camino. Sin embargo, cambiar el sistema para la concesión de ayudas a las familias con pocos recursos no es tan difícil. Estoy convencido de que el alcalde encontraría el apoyo unánime de la corporación para ampliar el ridículo presupuesto actual de 25.000 euros y también para modificar las bases de la convocatoria. Hoy en día se exige a los solicitantes no superar los 4.000 euros de ingresos al año —como si quien gana 4.001 no tuviese dificultades— y, como consecuencia de ello, 400 niños se quedaron sin ayuda este curso.
Supongo que todo es cuestión de prioridades.