El exedil Rodríguez Nóvoa, molesto por ser citado al juzgado a pocos días de las elecciones municipales
23 may 2019 . Actualizado a las 14:58 h.José Luis Rodríguez Cid, Enrique Nóvoa López, Francisco Javier Rodríguez Nóvoa, Elena Rivo, Francisco Muñoz Seguín y Belén Girón, todos ellos exconcejales del Partido Popular en Ourense, declararon este jueves en calidad de investigados dentro de la causa por un presunto delito de malversación abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital. El asunto, por el que también están siendo investigados el exalcalde Manuel Cabezas y el exedil de Urbanismo, Ricardo Campo Labrador, tiene su origen en la no exigencia por parte del gobierno local a los constructores de las cesiones del 10% de sus proyectos para aprovechamientos públicos, una decisión que según el Consello de Contas supuso un perjuicio de 1,65 millones de euros a las arcas municipales.
La inclusión en el procedimiento de estos seis exediles tiene su origen en que estuvieron presentes en la junta de gobierno celebrada el 20 de noviembre del 2003. En aquella reunión se aprobó el proyecto de compensación de un polígono urbanístico ubicado en la Avenida de Santiago, uno de los que se están investigando. «Estoy sorprendido de estar aquí dieciséis años después de un acuerdo de junta de gobierno, doce años después de dejar el gobierno de la ciudad y ocho después de dejar el ayuntamiento», admitió Rodríguez Nóvoa antes de entrar en el juzgado, sin ocultar su malestar por la citación. «El Tribunal Superior de Xustiza ya dijo en su momento que todo lo que había hecho la junta de gobierno estaba correcto», dijo el exedil. «No entiendo que hago aquí», añadió, asegurando que «empiezo a estar indignado, porque no todo vale. No pueden estar todo el día zarandeándome y llevándome de aquí para allá porque haya estado en la política, y llamándome tres días antes de las elecciones». «Mi sentimiento es de indignación, ya estoy hasta las narices», zanjó, calificando de viacrucis la situación.
Sobre la decisión adoptada en aquella junta de gobierno del 2003, recordó que «todas las decisiones de tomaron avaladas por los expedientes», insistiendo en que «me molesta que me llamen dieciséis años después, sabiendo que la ley dice lo que dice».
«Estamos seguros de que sempre cumprimos coa nosa obriga», dijo, por su parte, Enrigue Nóvoa, Poly, asegurando estar convencido que las decisiones tomadas en aquella junta «foron totalmente legales». Respecto a la citación en plena campaña electoral, reconoció estar «molesto» por la citación, aunque dispuesto a colaborar con la justicia como cualquier ciudadano.
Para otro de los investigados, José Luis Rodríguez Cid, tener que declarar por un acuerdo plenario de 1994 y una comisión de gobierno del 2003 resulta una «sorpresa», si bien se mostró también favorable a explicar cómo actuó durante su presencia en el gobierno.
Para los citados este jueves, algunos de los cuales se acogieron a su derecho a no declarar ante la jueza Eva Armesto, el asunto está prescrito ya que el plazo máximo es de 15 años desde que se cometió el presunto delito. Ese tiempo se habría cumplido el 20 de noviembre del 2018, por lo que la citación de los exediles ahora investigados, acordada el 8 de marzo pasado, se habría hecho ya fuera del plazo legal. Uno de los abogados, en concreto el que representa a Francisco Muñoz, ya avanzó este jueves que en base a esto pedirán en breve el archivo de la causa.
La denuncia por este asunto la presentó la exedila socialista de Urbanismo Áurea Soto, tras el informe del Consello de Contas.