La Cámara de Comercio pierde uno de sus locales por una quinta parte de su precio

El juzgado social cierra la subasta y se lo adjudica al único postor por 152.000 euros


ourense / la voz

Más de un año después de sumergirse en una profunda crisis económica y de gestión la Cámara de Comercio de Ourense empieza a descapitalizarse. Esta misma semana el juzgado de lo social 1 de la capital de As Burgas a informado a las partes interesadas en la subasta de uno de sus bienes inmuebles que se acepta su venta al único postor que, el pasado octubre, participó en la puja. A pesar de que ofreció un precio muy por debajo del de tasación, al no haberse recibido mejores ofertas por parte de la Xunta, entidad gestora ahora de la institución cameral, ni tampoco aceptar los trabajadores quedarse con el local, el juez ha decidido dar el visto bueno a la enajenación. De esta forma un particular, que representa a una sociedad ourensana con negocios farmacéuticos, se quedará con unas oficinas valoradas en más de quinientos mil euros, tras pagar solo 152.000.

En esta última resolución judicial se da traslado a las partes de que este postor tiene ahora que depositar la cantidad restante para completar el precio de remate del local, ya que al presentar la puja ya tuvo que abonar 25.000 euros.

Con este paso, se cierra un proceso de subasta que se abrió en el mes de septiembre del año pasado como consecuencia de las denuncias presentadas a primeros del 2018 por los antiguos trabajadores de la Cámara de Comercio. Tras meses sin cobrar sus salarios acudieron a lo largo del año 2017 a los juzgados para reclamar las cantidades que se les debían, obteniendo sentencias firmes en las que los jueces de lo social establecían que la Cámara de Comercio e Industria de Ourense debía no solo abonar el sueldo no pagado, sino también el 10 % de interés. A mayores, algunos de los trabajadores -en la entidad la plantilla llegó a superar la veintena- plantearon también en la justicia la extinción de su contrato por incumplimiento grave empresarial. En concreto, en la mayor parte de los casos se alegaban, de nuevo, retrasos continuados en el pago de los salarios. Y lo que hicieron los juzgados fue estimar todas esas demandas, acordando efectivamente el fin de las relaciones laborales con la Cámara y condenando a la entidad a pagar una indemnización, como si se tratase de un despido improcedente.

El pago debía ser de 45 días por año trabajador hasta febrero del 2012 y, a partir de esa fecha, de 33 días por cada ejercicio. A partir de ahí los afectados, algunos con mucha antigüedad, fueron al paro y solicitaron el cumplimiento de la sentencia, pero ninguno lo consiguió. Esto último es lo que llevó al juzgado hace unos meses a embargar los bienes camerales, ya que la deuda podría alcanzar, en total, el medio millón de euros. Sin embargo, con esta primera venta apenas si se podrá recuperar una quinta parte del dinero que se adeuda a los acreedores. A pesar de que el valor de tasación del local subastado, una oficina de 300 metros cuadrados en el parque de San Lázaro, era de 505.568, apenas se ha logrado recuperar una quinta parte del dinero.

Queda pendiente la venta de la oficina principal, en la que todavía hay actividad

La pérdida de sus bienes no ha hecho más que empezar para la Cámara de Comercio. Tras haber perdido en los últimos meses sus dos antenas locales, situadas en O Barco y Verín, y también el vivero de empresas localizado en la Tecnópole, tan solo dispone ya de su oficina principal, comunicada por el interior con la que acaba de ser subastada y con la entrada por la avenida de la Habana. Esta sede, en la que a día de hoy siguen trabajando tres personas que llevan ya más de un año sin percibir sus salarios, también está embargada por las deudas acumuladas con los trabajadores que acudieron a los tribunales, si bien todavía no se ha fijado fecha para el comienzo de la puja porque ha de subsanarse primero un error registral.

Mientras, la actividad de la entidad cameral se limita a la emisión de certificados para la exportación que necesitan las empresas. La institución está tutelada por la Consellería de Economía desde hace más de un año pero no se ha elegido en estos meses a la nueva directiva ni se ha avanzado en los detalles de cómo será su futuro. Eso sí, la ley establece que en cada provincia debe existir, por lo menos, una Cámara de Comercio.

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