Extrabajadores de Regaki agotan el paro y siguen esperando la liquidación
06 mar 2017 . Actualizado a las 14:35 h.Juani Hernández ha trabajado prácticamente toda su vida. Empezó con tan solo 16 años. A los treinta sufrió un atropello que le ocasionó fracturas en varias zonas de la columna y, con ellas, una discapacidad. A pesar de todo fue consiguiendo mantenerse dentro del mercado laboral hasta que hace dos años la empresa Regaki, para la que trabajaba, presentó suspensión de pagos y entró en concurso de acreedores, lo que llevó al cierre de sus quioscos en toda Galicia. En la ciudad de As Burgas había cinco y Juani era la más veterana de los trece integrantes de la plantilla ourensana de esta firma perteneciente a Galega de Economía Social, creada por la Confederación Galega de Minusválidos (Cogami) para gestionar sus centros de empleo para discapacitados.
Ahora, con el paro a punto de agotarse y sin posibilidad de recibir ayuda familiar -sus hijos ya son mayores- solo aspira a que el Fondo de Garantía Salarial asuma el pago de la liquidación tras la quiebra de la empresa y aguantar, hasta que le llegue la edad de jubilación, con la escueta pensión de quinientos euros que le corresponden por su discapacidad. «Ya no busco más. Lo intenté al principio y me anoté en varios sitios, pero con los 58 años que tenía en ese momento, mujer y encima con discapacidad ‘imposible’, es lo que te decían siempre». Con todo, Juani se consuela: «Yo, dentro de lo que cabe, soy afortunada, porque hemos terminado de pagar justo ahora la hipoteca del piso y de momento mi marido trabaja; pero otros muchos compañeros lo están pasando realmente mal».
Edmundo Iglesias también se considera afortunado. Es uno de los dos únicos miembros de la plantilla que atendía los quioscos ourensanos que consiguió encontrar otro trabajo. Aunque también apunta que «fue porque me moví yo, porque en el Inem ya me dijeron que mejor buscara en otros centros especiales de empleo, que allí no iban a encontrar para mí». Este ourensano de 49 años advierte a los políticos de que no se dejen cegar «por hacerse una foto y quedar como que potencian el empleo de los discapacitados, dando ayudas públicas a empresas pero sin controlar luego lo que se hace con ellas». Para este ourensano «lo que hicieron con nosotros es como lo de Aspanas: una injusticia. Son gente que se aprovecha del dinero público que cobran por nosotros, por ser una empresa que daba trabajo a discapacitados. En nuestro caso no solo nos dejaron sueldos a deber; es que ni siquiera recolocaron, como se había negociado, a la gente que estaba en más riesgo de exclusión en otras empresas del grupo. Y plazas tenían en la docena de centros que les quedaban: y aún tienen porque a día de hoy siguen haciendo contratos temporales. Pero no se acordaron más de nosotros», dice.
Edmundo relata que hay gente «con niños muy pequeños, compañeros que han tenido que irse a vivir con sus suegros o a los que ayudan sus padres y que lo están pasando francamente mal».
Carmen Díaz, otra de las afectadas por el cierre de los quioscos está completamente de acuerdo con el razonamiento de su excompañero. Apunta que lo que más le molesta es que dos responsables de la gestión de la empresa quebrada «hayan montado otra similar» con la que ya tienen quioscos en A Coruña «y se vayan de rositas». Cuenta que a sus 58 años no puede permitirse la resignación y que, pese a las escasa expectativas, sigue intentando encontrar un empleo. «Mi pensión por la incapacidad es de 448 euros y pago un alquiler, porque años antes, cuando me separé y no pude seguir haciendo frente a la hipoteca, perdí el piso. Tengo una hija viviendo conmigo que trabaja a temporadas, cuando encuentra; así que cuando se acabe el paro, no sé», dice.