Asuntos Internos intentó que varios detenidos por narcotráfico delataran a policías de la unidad de estupefacientes por presunto cobro de sobornos o tráfico de armas
26 dic 2015 . Actualizado a las 13:52 h.La detención de dos policías del grupo de estupefacientes de la comisaría de policía de Ourense, consumada la noche del pasado 10 de noviembre, abrió una crisis que no deja de crecer. Otros dos funcionarios adquirieron luego la condición de sospechosos. Quedan libres de culpa el hasta hacía nada número dos, recién trasladado a la cómoda jefatura de seguridad privada, y otro policía que llevaba tiempo de baja por razones de salud. Desmantelado el grupo, cuando era fácil suponer que no aparecerían muchos voluntarios para ocupar las plazas, la urgente convocatoria de un concurso interno demostró que la realidad era otra. Más de una docena de agentes optaron a las plazas y el grupo ya está en fase de reconstrucción.
La llamaron operación Zamburiña, pero bien podían haberla etiquetado como operación magosto, o San Martiño. Arrancó con el envío de un anónimo a la unidad central de asuntos internos. En las diligencias previas que sigue el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, «sobre sustancias nocivas para la salud», aparece la fecha del 11 de noviembre del 2014 como referencia del chivatazo. El documento como tal no aparece en los diez tomos de documentación, pero sobre él empezaron a trabajar en Madrid antes de dar cuenta de las sospechas a la fiscalía y al juez decano. El remitente disponía de información de primera mano. Hasta sabía que habían desaparecido seis pistolas del búnker de la comisaría, cuando sus responsables solo tenían conocimiento de la falta de tres. La noche del 10 de noviembre del 2015, previa a la celebración del magosto, explotó la castaña.
Que en el grupo de estupefacientes de la comisaría de Ourense se habían producido cambios en el último año era más que evidente, con más intervenciones y más droga incautada. Que la obtención de mejores resultados guarda una relación directa con la fluidez de la información obtenida de confidentes es algo sabido. Y reconocido. El chivatazo a Asuntos Internos dio lugar a que el juez autorizara el pinchazo de trece teléfonos móviles, incluidos los de los policías de estupefacientes. De su contenido dedujeron en Madrid que la comisaría de policía era un nido de corrupción, con el grupo de estupefacientes como centro. Hasta prepararon un gráfico, con flechas y fotos, para relacionar a los policías con el resto de las personas detenidas en la operación.
A Asuntos Internos, no obstante, le interesaban sus compañeros. Tanto Pucha, una histórica del tráfico de drogas en Ourense a pequeña y media escala, como los demás detenidos, quedaron en segunda línea. El objetivo eran las pistolas y la supuesta trama de sobornos. En los registros durante la noche del 10 y el 11 aparecieron dos pistolas sin legalizar, una de ellas en poder de uno de los particulares que está en prisión. La esposa de este último, detenida la misma noche, denunció tres días después que un inspector de Asuntos Internos «le prometió por su hijo que si (su marido) declaraba lo de la pistola, ella sería puesta en libertad». No es la única denuncia que pone en entredicho la actuación de la unidad que llevó esta investigación. El esposo de esta mujer hizo lo propio desde prisión, asegurando que fue presionado y le hicieron distintas propuestas pese a haber dejado claro que no iba a declarar. El último movimiento, en este sentido, lo acaba de hacer el ex jefe del grupo, que acudió directamente al juzgado a denunciar la «carencia de escrúpulos» del «compañero de Madrid». Esta semana recibió el juez más declaraciones de policías. Nada relevante ni imprevisible, según distintas fuentes. Lo que queda se hará ya en enero.
Seis pistolas que desaparecieron sin sus cargadores
El primer anónimo alertaba en noviembre del 2014 de la desaparición de armas, seis pistolas de jubilados que desaparecieron sin sus cargadores. Señalaba a quien poco tiempo después sería jefe de drogas (uno de los detenidos el pasado 10 de noviembre). Tres meses después, cuando aún no se conocía el trabajo de asuntos internos, se filtró a la prensa la desaparición de las armas. Quizás la misma persona.