El ascenso profesional como antídoto al colapso de la justicia

José Manuel Rubín SIETE DÍAS, SIETE VOCES

OURENSE

14 dic 2014 . Actualizado a las 04:00 h.

Y si en Ourense se hubiese descubierto el bálsamo de Fierabrás capaz de acabar con el endémico problema de la acumulación de asuntos pendientes en los juzgados de la madre patria? Las dudas sobre la existencia de tal pócima me asaltaron al ver el rosario de decisiones tomadas esta semana por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, Antonio Piña, antes de su llegada a la presidencia de la Audiencia. El miércoles supimos que el juez había decidido desimputar, entre otros, al actual alcalde de Ourense y a su antecesor, por la adjudicación irregular de las obras de la calle Bedoya. Al día siguiente quien se frotaba las manos era el exedil del BNG, Fernando Varela, a quien el juez le quitó de encima una querella por acoso laboral. El viernes, coincidiendo con la toma de posesión del magistrado, supimos que le había dado un respiro a Baltar (al de antes y al de ahora), librándoles de aquella denuncia de la Unión Europea sobre la gestión irregular de fondos (¡10 millones de euros!) en la contratación y adjudicación de decenas de depuradoras instaladas en distintos concellos. Y, en fin, también nos enteramos que archivaba la denuncia de Troncoso (el exdelegado de Sanidad del gobierno Fraga que una vez vuelto a su actividad profesional reconoció que para conseguir concesiones del ayuntamiento de Ourense había que practicar el untamiento) contra un exsocio en el servicio de ayuda a domicilio del Concello de la capital. Esta retahíla de archivos y sobreseimientos más semeja una especie de amnistía judicial con motivo del ascenso profesional del juez que el resultado del sesudo y sosegado análisis de unos casos que desde hace muchos meses (incluso años) estaban sobre la mesa del togado. De golpe y porrazo resuelve cuatro casos en tres días lo que me lleva a la esperanza de que la solución para la agilización de los casos judiciales sea el ascenso de los jueces. A la vista de lo acontecido en Ourense el Poder Judicial ya sabe lo que tiene que hacer con Pilar de Lara, Ruz o Alaya para que concluyan los casos Pokémon, Gürtel y ERES: ¡Darles la presidencia de una Audiencia!

La banda La municipal de Ourense (¡la de música, no la que ocupa escaños en la Consistorial, que ésta tiene aún mayor caché!), le cuesta a los contribuyentes 400.000 euros al año o, dicho de otro modo, 8.000 euros por cada uno de los 48 conciertos. Democracia Ourensana (ese partido que ha revolucionado la política municipal mucho antes de que se oyera hablar de un tal Pablo Iglesias), ha denunciado el despilfarro. Pagarle a los músicos (el 70% no residentes en la provincia y todos con otros trabajos remunerados) una media de 700 euros al mes (similar al sueldo base de trabajadores que curran ocho horas diarias y por encima de la pensión mínima de miles de jubilados) por un concierto semanal que siguen ¡125 personas! parece un despropósito. Bien es verdad que la inercia en la gestión lleve a los partidos mayoritarios a no plantearse soluciones alternativas que no suponga tal gravamen para las arcas públicas.