El ejecutivo de Rajoy asegura que ha trasladado el caso a la Fiscalía General
21 may 2014 . Actualizado a las 07:30 h.Rosana Navarro Heras, secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, es un cargo técnico y no se esperaba que ofreciese grandes valoraciones políticas, pero sí dio algunas claves que marcarán el futuro del caso. El Gobierno central, según dijo, decidirá «en un breve plazo» si la Diputación ourensana puede aplazar la devolución de los 10,1 millones de euros que la UE le reclama por un presunto fraude de fondos comunitarios. Este fue uno de los puntos de mayor interés en la intervención de Navarro Heras, que ayer fue la encargada de responder en el Congreso a una pregunta de la diputada ourensana Laura Seara, que se interesó por el seguimiento que el ejecutivo de Rajoy está haciendo del caso.
La secretaria general explicó que el Gobierno responderá próximamente a las alegaciones presentadas por la Diputación ourensana a la solicitud de reintegro cursada por la Dirección General de Fondos Comunitarios. La entidad presidida por José Manuel Baltar niega la existencia de irregularidades en los dos proyectos bajo sospecha, que financiaron la instalación de un centenar de depuradoras en pequeños núcleos de población del medio rural.
Prescripción
Además, la institución considera que el fraude, de haber existido, estaría prescrito. Por otro lado, el gobierno provincial solicitó que el reintegro de los 10,1 millones se aplace al menos hasta que el Juzgado de instrucción número dos de Ourense finalice la investigación del caso.
Precisamente, para tomar una decisión al respecto de ese posible aplazamiento, la Dirección General de Fondos Comunitarios solicitó un informe a la Abogacía del Estado. Ayer Rosana Navarro informó al Congreso de que ese documento fue entregado el pasado día 23 de abril y sus conclusiones se incorporarán al dictamen final sobre las alegaciones presentadas por la Diputación. En él se incluirán, según dijo la secretaria general, las «posibles vías de recurso que están previstas en la ley», un matiz que hace creer a la oposición que la decisión será la de exigir la devolución de los 10,1 millones de euros porque, de otro modo, no habría nada que recurrir.
En manos del fiscal general
La responsable de Coordinación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informó también de que, tal y como había anunciado el ministro Montoro, el expediente ha sido trasladado «directamente» a la Fiscalía General del Estado. El Gobierno central atiende así a las exigencias de la Unión Europea, que detectó indicios de «ilícitos penales» en el caso. «No hay noticias por el momento del curso de las investigaciones», señaló Navarro Heras. Citando a Montoro, la secretaria general dijo que el Gobierno central está demostrando, con su actuación en esta polémica con la Diputación, que «España es un país cuyas instituciones funcionan y, a partir de ese funcionamiento, tenemos que reforzar y regenerar el tejido de estas instituciones».