La OLAF investigó durante meses a la Diputación y denunció graves irregularidades e incluso delitos
02 feb 2014 . Actualizado a las 07:25 h.El día 23 de febrero La Voz de Galicia informó en exclusiva de la visita que dos técnicos de la OLAF (Oficina de Lucha Antifraude de la UE) hicieron a la Diputación de Ourense esa jornada y la anterior. Como resultado de aquella inspección y de otras averiguaciones, se elaboró un informe que detalla graves irregularidades y que incluso insta a las autoridades judiciales españolas a investigar un delito de prevaricación y otro de fraude. El funcionario Javier Bobe acaba de ser imputado a consecuencia de ello.
La denuncia que originó todo el proceso la presentó el gerente de una empresa especializada en la depuración de aguas de A Coruña, Santiago Verdes Miranda. Según ha relatado a este periódico, las irregularidades en el desarrollo de dos proyectos de la Diputación de los años 2003 y 2004 para instalar depuradoras en núcleos rurales eran muy claras. «Desde que vi el pliego de condiciones tuve claro que el concurso de la Diputación de Ourense estaba amañado», afirmó.
Después de realizar su investigación, esa teoría es la que sostiene también la OLAF. En su informe, la oficina antifraude explica que se establecían «especificaciones técnicas excesivamente detalladas». Se indicaban, por ejemplo, el grosor de las tuberías con decimales o el modelo exacto de acero para la cabina. La empresa adjudicataria (Soluciones Medioambientales y Agua, con sede en Vigo) «disponía además de información confidencial que le permitió cumplir el requisito de los certificados» de generación nula de lodos, concluye el informe.
La OLAF detectó también irregularidades relacionadas con las asistencias técnicas vinculadas a las obras, que también fueron adjudicadas a Soluciones Medioambientales y Agua o a Netglobal, ambas del mismo grupo. Esos contratos fueron fraccionados de forma irregular «a efectos de poder realizar procedimientos negociados con publicidad». Además, en base a un documento cuya fecha fue modificada con tippex, la oficina de lucha antifraude de la UE concluye que se ocultó que los trabajos ya estaban realizándose antes de su adjudicación.
En suma, Europa reclama la devolución de 10,1 millones.
Basado en «apriorismos»
La comisión de investigación creada por el gobierno provincial para aclarar si hubo irregularidades en la gestión de los proyectos de instalación de depuradoras concluyó que tan solo existen «discrepancias» a nivel administrativo con la UE. Las acusaciones de la Unión Europea se basan, según la institución provincial, en «apriorismos e presuncións». Todo el proceso, aseguran, estuvo en manos de los técnicos y en sus decisiones «os órganos políticos non interfiren para nada».
Los argumentos detallados en las alegaciones presentadas por la Diputación al expediente de reintegro abierto por el Gobierno central consideran que las conclusiones a las que llega el informe de la Oficina de Lucha Antifraude de la UE (OLAF) son «absolutamente desmesuradas y carentes de fundamento». La institución provincial indica que, si realmente hubiese querido beneficiar a la empresa que finalmente fue adjudicataria, hubiera impedido participar en el concurso a otra que no cumplía estrictamente con los requisitos cuyas especificaciones la OLAF considera excesivamente detallados. La Diputación pone, además, varios ejemplos de depuradoras desarrolladas por otras compañías que también cumplirían con lo exigido.
Sobre la disponibilidad de información confidencial por parte de la adjudicataria ?que habría pedido un certificado de generación nula de lodos antes de ser solicitado? la institución provincial alega que la OLAF «no aporta prueba alguna» y «se limita a formular una hipótesis». En lo que respecta a las asistencias técnicas, la Diputación admite «irregularidades formales o aparentes, pero en ningún caso pruebas de algo tan grave como una simulación del procedimiento negociado sin publicidad». Respecto al tippex que aparece en una de las fechas de esas asistencias ?que, según la OLAF, demostraría que los trabajos ya estaban hechos antes de ser adjudicados? la Diputación argumenta que se trata de la corrección de un simple error.
Aunque no se aceptaran las alegaciones técnicas presentadas, la institución provincial confía en que el expediente de reintegro sea archivado, y así lo ha solicitado, al considerar que ha prescrito. Según dicen, debía haberse tramitado, según el caso, antes de los años 2010 y 2011.