Aportan al juez un escrito de técnicos municipales privados de ocupación
17 oct 2013 . Actualizado a las 07:30 h.El abogado del Estado considera que ha encontrado la prueba definitiva para sustentar que el gobierno municipal de Ourense ha incurrido en desviación de poder al formalizar contratos que han sido objeto de impugnación judicial en el ámbito de lo contencioso. Ayer, en una nueva vista por la contratación de una asistenta social, el letrado del Estado aportó al juez dos escritos al alcalde de tres técnicos municipales -dos ingenieros y un ingeniero técnico- en los que se quejaban de la reducción de su actividad laboral, mientras veían cómo se encargan trabajos fuera del Concello para su mismo departamento.
Los documentos están incorporados a otro procedimiento en el que trabaja el abogado del Estado, a partir de una denuncia del sindicato CSIF, por contratos de personas muy cualificadas para Infraestructuras.
Hasta ahora, las sentencias de los juzgados de lo contencioso de Ourense han decretado la nulidad de todos los contratos impugnados, pero sin llegar a apreciar la concurrencia de desviación de poder. Los magistrados no apreciaron mala fe ni por parte del anterior alcalde, ni del actual, ni de la exconcejala no electa no personal, actual directora xeral de Recursos Humanos. Las quejas de tres funcionarios municipales, que el pasado mes de mayo alertaron por escrito al alcalde de la «falta de ocupación efectiva» que sufrían, mientras la administración contrataba asistencias externas y personal para el mismo servicio de Infraestructuras y Urbanismo, demuestra, en opinión del letrado del Estado, la desviación de poder.
Aun cuando la declaración de desviación de poder no tiene en sí misma efectos, ni supone la apertura de diligencias en el ámbito penal, la carga política de ese pronunciamiento es alta, al suponer la utilización de potestades públicas para un fin distinto del contemplado en el ordenamiento jurídico.
Las impugnaciones de contratos se sustentan en el incumplimiento municipal de la ley 20/2011 para reducción del déficit público, que limita los nuevos puestos de trabajos a situaciones excepcionales. Ninguna de las contrataciones estaba suficientemente motivada, aparte de incurrir en otros errores, según las sentencias firmes de los juzgados de Ourense, todas en contra de las tesis del Concello de Ourense.