Los polémicos contratos externos dan lugar a otro empleo fijo en el Concello
OURENSE
El equipo de gobierno opta por incorporar a un arquitecto a la plantilla sin considerar la posibilidad de indemizarlo
09 oct 2013 . Actualizado a las 07:25 h.El alcalde de Ourense, el socialista Agustín Fernández Gallego, declaró con cierta solemnidad en un reciente pleno que iba a poner fin a la utilización del mecanismo de las asistencias técnicas, entre otros motivos porque han sido una coladera para que personas contratadas a dedo hayan acabado con un puesto de trabajo en la plantilla municipal. Es una de las recurrentes denuncias de la oposición. La declaración de intenciones del regidor ha vuelto a chocar con la gestión diaria. El Concello acaba de incorporar a su plantilla a un arquitecto, de quien la administración, según el fallo de una sentencia que tiene fecha del pasado 16 de septiembre, podía haber prescindido con el pago de una indemnización de 11.073 euros. Aunque la decisión judicial concedía a la administración, «a su opción», la decisión de reincorporar o indemnizar al afectado, el gobierno municipal socialista ha decidido seguir adelante y mantener a este profesional en su sitio.
En un momento en el que las contrataciones son objeto de restricción legal, es llamativo el modo en que el gobierno local de Ourense afronta la salida a la última sentencia, que corresponde al arquitecto José Antonio Padrón. Empezó a trabajar para el Concello en febrero del 2009 «mediante contratos administrativos que se articulaban como asistencia técnica» para el servicio de Rehabilitación. Cuando el gobierno local decidió poner fin a la relación laboral, en junio pasado, presentó el afectado demanda judicial por despido improcedente.
Una sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Ourense acaba de darle la razón. «Se dan todos y cada uno de los requisitos para determinar que hay relación laboral entre las partes», concluya la jueza a la que ha correspondido el asunto.
Que el fallo fuese favorable al trabajador, con el explícito reconocimiento de derechos y de antigüedad, no implicaba necesariamente la entrada del arquitecto en la plantilla municipal, pero el gobierno local se inclinó por esta opción.
Oposición del interventor
No deja de llamar la atención la jueza sobre las condiciones en las que prestaba servicios el arquitecto, con medios del Concello, con el mismo horario del resto del personal, e incluso coordinando las vacaciones. El trabajador se vio incluso afectado por el recorte salarial de la plantilla, al verse obligado a recortar el 5 % el total de las facturas mensuales que presentaba. Y aún más: el interventor, como recoge la propia sentencia, ponía reparos a los pagos «por considerar que la asistencia técnica no era real».
La sentencia, a la que el Concello de Ourense prestó conformidad sin recurrirla al Tribunal Superior de Galicia, reafirma que este caso entra dentro del ámbito de competencias de los juzgados de lo social al darle carácter de despido.