Era un soleado viernes de junio del 2007 cuando PSOE y BNG refrendaban el pacto que retiraba al PP del Concello de Ourense. De aquello ya no queda nada. Ni el PSOE es lo que era ni el BNG se parece al que rubricó aquel acuerdo, previo a la elección de alcalde socialista, en el que poder y presupuesto se repartían al 50 %. Si los ediles del BNG de hoy repasaran aquella alianza evitarían el sonrojo de esta semana implorando un gesto del regidor que les permitiese lavar su imagen tras el apoyo gratuito para evitar la reprobación de un gobernante que gastaba lo público en ron, whisky y mariachis. El alcalde ya hizo el gesto devolviendo los 235 euros que habían sacado del erario público para alcohol. Como el precio del apoyo político nacionalista aún produce más sonrojo, el BNG quiere que el alcalde les entregue la cabeza de un empleado laboral del PSOE. Otra minucia. El regidor les pide a los nacionalistas tiempo mientras no lo pierde a la hora de convertir el Concello en una oficina de colocación privada. Al fichaje de su hija como asesora unió esta semana el de la secretaria local del PSOE tras tener que abandonar el cargo de edila no electa. Nada de austeridad, de recortes o de cambio de rumbo. El gobierno en minoría de Ourense apuntala a los suyos (familiares y dirigentes) ante la debilidad de unos comparsas del Bloque que olvidan que un día no muy lejano el poder se dividía al 50 % y que su partido no vendía su dignidad por 235 euros y la dimisión de un contratado laboral.
Frases. Son de líderes del PP. Una de Freire Couto, alcalde de Barbadás: «¿Quen vai a Facenda e di: ?Quero pagar máis, que son un tío cojonudo??». Intentaba justificar así sus cuitas con Hacienda, tras la multa de 16.000 euros que ésta le había impuesto, y olvidando que a Hacienda le hay que pagar lo justo. Ni más, por ser cojonudos, ni menos, como fue su caso, por ser defraudadores. La otra frase es de Celso Delgado, diputado en el Congreso: «Entiendo que no existen privilegios para los diputados». Cuando la calle clama porque el incumplimiento del precepto constitucional de que todos somos iguales está llegando a cotas de abuso insoportable, no puede ser más inoportuno que un político se jacte de que los privilegios que para sí quisieran la mayoría de los mortales no son tales.
El dato. A un vecino de Amoeiro le piden dos años de cárcel por haber realizado 243 llamadas telefónicas, en el 2011, al alcalde durante tres meses con el supuesto objetivo de «provocar intranquilidad y preocupación, así como alterar sus hábitos cotidianos» (fiscal dixit). ¡Cómo cambian las cosas en dos años! Hoy la alteración de los hábitos cotidianos que le producen a los políticos los megáfonos, gritos e insultos en su propia cara y en su propia casa (los denominados escraches) no merecen ni una reprobación de la justicia que pide cárcel, en cambio, para un «ring, ring» del que no brotaba una palabra.