Políticos y colectivos sociales defienden la necesidad del piso de acogida
21 ene 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El conflicto judicial entre el Obispado de Ourense y el Comité Anti Sida, que ocupa un piso de la diócesis por el que ahora le reclaman alquileres atrasados con amenaza de desahucio, ha generado sorpresa tanto entre los colectivos sociales como en el ámbito político. Las valoraciones tienen muchos matices, aunque todas coinciden en destacar la necesidad de que el piso de acogida siga funcionando y en pedir diálogo.
Un diálogo en el que el Concello de Ourense está dispuesto a participar como mediador. «Si las dos partes están de acuerdo, estaríamos encantados de ejercer esa mediación porque creemos que tiene que tratarse de un problema de comunicación», asegura Marga Martín, la concejala de Benestar. En su opinión «cuesta creer que si hasta ahora no han tenido problemas para llegar a acuerdos para no pagar ese alquiler, precisamente en este momento tan complicado por los recortes, se decida cobrar esa deuda».
El portavoz del PP, Rosendo Fernández anunció que «como partido vamos a indagar para saber qué ha pasado para llegar a esta situación, aunque yo creo que tiene que haber un mal entendido; y desde el punto de vista humano y como médico, pienso que los recortes no deben ser óbice para que personas enfermas sean atendidas».
También Isabel Pérez, del BNG, confía en que «esto se deba a un problema de interlocución e espero que se poñan medidas para aclarar esto e garantir a continuidade dun servicio imprescindible e da labor do Comité, que é silenciosa pero indispensable».
Entidades sociales
También los responsables de algunas entidades asistenciales que funcionan en la capital lamentaban que la situación hubiese llegado a este punto. El presidente de Cáritas, entidad integrada en la propia estructura diocesana, aseguraba ayer desconocer los acuerdos «ni por qué se llegó a esta situación» y matizaba que «no se debería llegar a estos extremos; yo creo que hay que negociar y buscar salidas». La entidad tiene en cesión de al diócesis varias rectorales para proyectos de inserción sociolaboral «con un convenio a 25 años por el que nosotros nos comprometemos a cambio a rehabilitarlas». A su vez, Cáritas es propietaria de locales cedidos a otras entidades «como la asociación Down, pero también en este caso firmamos convenios que incluyen un programa más amplio», recordaba Miguel Pérez de Juan.
El responsable del Banco de Alimentos, Cecilio Mourille evitó valorar la situación «como colectivo, porque desconocemos todos los datos», pero si mostró su extrañeza personal por el conflicto y deseó que se llegue a una solución negociada. La entidad también depende de un bajo cedido por el Concello.
Por su parte la presidenta de la Cruz Roja, Teresa Rodríguez, animaba a las partes a llegar a un acuerdo para no perjudicar a un colectivo vulnerable. Cree que quizá «la sensación de miedo y negatividad generada por la crisis ha influido en que este tema se desencadenara, al obligar a revisar con lupa todos los aspectos ligados con la financiación de cualquier entidad y generar una sensación de necesidad de recortar gastos lo más posible». Durante la jornada de ayer el Comité Anti Sida recibió el apoyo de entidades similares de A Coruña y Ferrol, así como de otras dedicadas a enfermos de Sida y VIH en Galicia.
Los usuarios ayudan a los gastos
En el piso de acogida del Comité Anti Sida hay ahora mismo cinco residentes que ponen también su granito de arena para la financiación de los gastos. «Hay gente que cobra una pensión no contributiva, la conocida como PSN, o una Risga, una renta de integración social, que son poca cosa pero de la que ellos dan la mitad para ayudar a los gastos; los que no cobran nada obviamente no pueden aportar nada», explica Sofía Rey, una de las educadoras sociales que trabaja en el proyecto.
El Comité Anti Sida no hace distingos en cuanto a los ingresos que puedan aportar los usuarios. El optar a una de sus seis plazas -llegaron a disponer de ocho, pero los recortes de subvenciones de la Xunta los dos últimos años les obligaron a suprimir dos- depende de la necesidad y de que el usuario se ajuste a los perfiles para los que fue diseñado el recurso. Así, puede darse el caso de que aporten alguna cantidad todos los que están en un mes concreto, sólo algunos o, incluso, ninguno. De ahí que el mantenimiento de los gastos cotidianos -alimentación, higiene, etcétera- sea bastante imprevisible.