El Concello culpa a la Xunta por no tramitar una prórroga del convenio
28 dic 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Las obras del futuro centro de interpretación de parques naturales de Ourense están en peligro, ya que el Gobierno central ha propuesto a la empresa adjudicataria que paralice su desarrollo, ante la ausencia de un trámite burocrático que permita prorrogar la actuación. La orden para frenar los trabajos en las riberas del Miño, en plena zona termal, fue remitida por el director general de Medio Natural y Política Forestal, José Jiménez García, a la empresa Tragsa el pasado 5 de diciembre, durante el proceso de traspaso de poderes en el Ejecutivo central.
El origen de la posible paralización de las obras de la infraestructura medioambiental está, según denunció ayer el alcalde de Ourense, en la negativa de la Xunta a firmar una modificación y una prórroga del convenio firmado por el Gobierno de España y la Xunta el 30 de julio del 2008. Para alertar de la gravedad de la situación, el regidor ourensano remitió ayer un burofax al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, en el que le insta a tramitar este documento -dependiente de la Consellería de Medio Rural- ya que el plazo para evitar la paralización de la obra concluye el 31 de diciembre.
Según puso ayer sobre la mesa Francisco Rodríguez de no firmarse esa prórroga del convenio se producirían tres perjuicios: posible pérdida de una inversión de siete millones de euros de fondos europeos, el deterioro de la zona al paralizarse las obras y la invalidación del acuerdo de cesión de suelo. «Sería algo inexplicable», apuntilló Rodríguez.
La versión de Medio Rural
Por su parte, desde el departamento que dirige Samuel Juárez sostienen que la firma del nuevo convenio del centro interpretativo de Eirasvedras se está «renegociando con el nuevo gobierno» y que, en ningún caso, se «corre el riesgo de perder la subvención». Las mismas fuentes eludieron dar una fecha para la renovación del convenio.
Las obras del edificio comenzaron a finales del 2010 con casi dos años de retraso. Doce meses después se han ejecutado trabajos por valor de 2,1 millones de euros. De hecho, desde Tragsa se advierte de que la paralización de la obra supondría «importantes daños y perjuicios que tendrían que ser objeto de indemnización». También consideran que no «concurre causa alguna que justifique» esa medida.