Los dueños del solar para el nuevo edificio judicial rechazan su expropiación
OURENSE
El gobierno local intentará por segunda vez en un mes la ocupación de las fincas en litigio para cederlas a la Xunta
27 feb 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Los planes para construir en las traseras de la calle Remedios un edificio para uso judicial y un centro de salud para el barrio de O Couto, atascados a raíz de una sentencia del pasado 30 de septiembre que obligó al Concello de Ourense a corregir parte del proceso de expropiación, se mantienen. No obstante, las diferencias entre la administración local y los titulares registrales de los terrenos cuya expropiación está a punto de completarse, sumadas a las exigencias de la Xunta para que el Concello ofrezca garantías y asuma por escrito responsabilidades antes futuros problemas legales sobre la propiedad, colocan en el aire estos proyectos.
La administración local ha convocado para mañana, lunes, a los propietarios que mantienen el pulso con el Concello de Ourense. Es la segunda vez. El día 18 de febrero no acudieron a la llamada y ahora se les cita de nuevo para el levantamiento de actas de ocupación de los bienes y derechos expropiados. Lo previsible es que no acudan.
Con ese frente de conflicto abierto, dado que estos propietarios ya han presentado un nuevo contencioso contra la revisión del expediente de expropiación (ordenado por sentencia judicial) y amenazan con una demanda civil, en la Xunta se muestran cautos. Solo reactivarán el procedimiento para adjudicar las obras cuando el Concello de Ourense ofrezca por escrito «garantía xurídicas» acerca de la propiedad de los terrenos cedidos.
La petición de un acuerdo expreso en el que asuma el Concello de Ourense responsabilidades antes eventuales problemas legales sobre la titularidad del suelo no ha sido contestada. Este documento condiciona una inversión, que, como subrayan medios de la administración gallega, alcanza los 18 millones de euros y es la más alta de cuantas el gobierno gallego prevé para esta provincia.
Desde la Xunta matizan, además, que en su momento se frenó el proceso de adjudicación de las obras, justo en el momento en que se iban a abrir las propuestas de las empresas participantes en el concurso. Se suspendió, subrayan, en vez de anularlo, para poder reanudar el procedimiento tan pronto se solventasen los problemas.
Al margen de que el Concello de Ourense esté haciendo sus expedientes sobre tres parcelas, cuando, según el abogado José Manuel García Sobrado, las tres son una única pieza en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, el letrado resalta que el precio que el ayuntamiento pretende pagar es «irrisorio». Queda por debajo de 60.000 euros cuando el valor catastral, dice, ronda el millón y medio de euros, y cargan casi 8.000 euros por IBI.