En días pasados, el presidente de la Fundación San Rosendo, Benigno Moure, presentaba los presupuestos de la organización que lidera para el año que acaba de iniciarse. Por cierto, maneja la entidad más de 40 millones de euros, una cifra ya respetable. Más allá de las magnitudes económicas, incluso más allá de los objetivos que se marcan con ese dinero, Moure dijo conocer que más de veinte residencias de ancianos están en venta. Se trata de centros privados, acuciados por la crisis y que están dispuestos a tirar la toalla. El cura que preside la fundación afirmó también ser receptor de ofertas de venta pero que, «si as queren levar outros, que as leven».
Tal vez sea fruto de la ingenuidad pensar que una empresa privada va a mantener una residencia si no es rentable, por mucho que el fin último sea la atención de personas necesitadas, un fin social por lo tanto. ¿Qué ha pesado más en el momento de gestar la iniciativa empresarial, el interés social o la inmediata rentabilidad económica? En una provincia con las pensiones más bajas de España, ¿cómo se puede creer que se van a poder pagar estancias en residencias cuyos recibos mensuales superan los tres ceros? Y si los centros privados están acuciados por la crisis, ¿qué tipo de asistencia conceden? ¿Qué servicios otorgan si tienen que sanear el balance? La provincia no deja de envejecer aunque, por suerte, la esperanza de vida cada vez es mayor. Al debate sobre la edad de jubilación o el período de cálculo para recibir la prestación al final de la vida laboral, quizá habría que añadir algunas particularidades ourensanas. El medio rural se desertiza, la sensación de soledad se acrecienta, las posibilidades de que los mayores estén en casa de los hijos sigue yendo a la baja y tanto los ingresos de éstos como los de los abuelos siguen mermando. A los muchos retos que tiene la provincia habría que sumar también el cuidado digno de quienes nos han dado la vida.