La imputación de tres políticos del Bloque en la fallida adjudicación a dedo de un contrato para explotar paneles publicitarios rompe el grupo municipal nacionalista
19 sep 2010 . Actualizado a las 02:00 h.La renuncia del nacionalista Andrés García Mata a su condición de concejal y teniente de alcalde, anunciada el viernes por el interesado, se formalizó horas después de conocer su imputación por los delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias, por el caso de los paneles del BNG. García Mata sigue el camino de los otros dos cargos del Bloque contra quienes en su momento se querelló el fiscal y a quienes el juez imputa los mismos delitos. Sánchez Vidal renunció en mayo del 2009, cuando era sabido que el fiscal y la Guardia Civil ya estaban investigando. David Cortón, el director de Turismo, hizo lo propio la pasada semana.
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¿Por qué esta dimisión?
Para minimizar el desgaste político que el caso está provocando desde octubre del 2008 en el BNG y en el bipartito local. García Mata se marcha reivindicando su inocencia, convencido de que la justicia lo exculpará. El conflicto seguramente pesó en la asamblea local del BNG en la que García Mata se quedó sin opciones para repetir como candidato a la alcaldía. Sectores nacionalistas críticos con la Tenencia de Alcaldía veían desde el primer momento este caso como una espada de Damocles para el BNG, aunque abiertamente no lo utilizaron.
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¿Por qué el juez va más allá que el fiscal, imputando delitos que este no contemplaba en la querella inicial?
Al haber podido valorar más documentación, la declaración de los implicados y de otros testigos, dispuso de más elementos de juicio. En la resolución, el instructor añade notas y apreciaciones que reafirman la valoración del fiscal. Añade el cohecho, al considerar «presumible» que los socios de la empresa Afiador «mediante oferta económica hubiesen conseguido convencer a los otros imputados para desarrollar el procedimiento ilegal».
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¿En qué situación se encuentra ahora el caso?
Con el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, se abría un plazo de diez días para que fiscal y acusación particular (PP) formulasen sus escritos de acusación. Será entonces cuando concreten sus peticiones de condena. El proceso, de todos modos, se retrasará al interponer los abogados defensores recursos contra la resolución. Decidirá la Audiencia.
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¿Por qué llegó este asunto al juzgado, pese a que no se consumó la adjudicación?
El caso judicial de los paneles nace de una denuncia del PP en la Fiscalía, después de que la mayoría municipal (PSOE-BNG) les negase una comisión de investigación para analizar los detalles de la frustrada adjudicación de cuatro pantallas publicitarias a una empresa constituida para ese fin. El bipartito negaba la existencia del expediente y las irregularidades. El fiscal investigó durante trece meses y halló indicios de prevaricación y falsedad. Como ahora reafirma el juez, por haber adoptado «a sabiendas, una serie de resoluciones manifiestamente injustas y contrarias a la legalidad vigente, con la única intención de favorecer» a la empresa Afiador.
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¿Cuál era el planteamiento de origen del fiscal?
Sostiene que «al menos» el ex teniente alcalde Sánchez Vidal y el director xeral David Cortón «se convinieron para ejecutar un plan conjunto» con los dos socios de Afiador también imputados, para que «crearan una empresa cuyo único objetivo sería la instalación y explotación de varias pantallas gigantes (...) logrando así cuantiosos ingresos». El fiscal mantiene que se creó artificialmente un expediente para dar cobertura a la operación. Se simularía, igualmente, la petición de presupuestos y ofertas a otras empresas. (El auto de imputación presenta como algo «extraño» que en noviembre del 2007 se acudiese a Afiador, cuando la empresa se constituyó en febrero del 2008). El contrato/convenio firmado con fecha del 4 de febrero del 2008 por el ex teniente de alcalde Sánchez Vidal con Afiador sentaba las bases del compromiso.
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¿Habrá juicio antes de las próximas elecciones?
Es improbable. Entre la resolución de los recursos de reforma y subsidiario de apelación, y la presentación de los escritos de acusación y defensa, pasarán al menos varios meses.
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¿A qué se enfrentan los imputados, si se mantuviesen las imputaciones?
Es prematuro hablar de ello, pues aún es técnicamente posible que el caso sea archivado. El Código Penal fija penas de prisión e inhabilitación por cohecho y falsedad. La prevaricación se castiga con inhabilitación. La condición de funcionarios que los políticos tienen en su actividad profesional da a una eventual inhabilitación un coste laboral añadido.
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¿Pudo el alcalde, o el BNG, evitar que este caso alcanzase la dimensión actual?
Es difícil rebobinar y ponderar variables inesperadas, pero en principio sí pudieron. Cuando el PP detectó anomalías, las puso sobre la mesa con el afán de lograr rentabilidad política. PSOE y BNG nunca admitieron irregularidades y tampoco aceptaron una comisión de investigación. El PP transmitió al BNG que se conformaba con la destitución de David Cortón. La petición fue despreciada y tampoco el alcalde atendió la advertencia de que el PP estaba dispuesto a acudir al fiscal. La denuncia, redactada y firmada, estuvo parada más de una semana en un bufete de Ourense, a la espera de una satisfacción por parte del bipartito que nunca llegó. Cayó entonces en el ámbito judicial, con las consecuencias ya conocidas.