La decisión de demoler la construcción fue también objeto de debate y enfrentamiento político. La Consellería de Cultura, a través de la Dirección Xeral de Patrimonio, nunca vio con buenos ojos la operación que quería hacer el PP. De ahí que advirtiese que para tirar el antiguo edificio policial se requería una modificación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del casco histórico ya que la normativa actual obliga a mantener la edificación tal como está. Como quiera que el gobierno popular sostenía que la Xunta tampoco le iba a aprobar la reforma del planeamiento, aprovechó la circunstancia para criticar al gobierno gallego y aventurar que se opondría a sus deseos por el mero hecho de que partiese la idea del PP. Se basó además en la existencia de informes municipales y de la propia Xunta que antes de ser gobernada por el PSOE y el BNG consideraban que la edificación podría tirarse, un hecho que ahora no ocurrirá.