El sindicalista fue a un comercio para interesarse por una empleada La acusación particular pide a Xosé Lois Freire una indemnización de 600 euros
06 jun 2007 . Actualizado a las 07:00 h.?na multa de seis euros diarios durante quince días y una indemnización de 600 euros es lo que pide la acusación particular para un dirigente de la CIG en el caso que ayer quedó visto para sentencia en el juzgado de instrucción número 3 de Ourense. Un empresario ourensano, que tiene una zapatería en la calle Capitán Eloy, acusa a Xosé Lois Freire, secretario de negociación colectiva del sindicato y miembro de la ejecutiva comarcal, de un delito de interrupción de la jornada laboral por haber acudido a su local el pasado 4 de enero para interesarse por la situación de una trabajadora. La empleada, que ayer acudió como testigo, se había dirigido a la CIG asegurando que, tras una baja laboral, sufría presiones por parte de sus superiores para que abandonara la empresa. Aseguraba que la habían recluido en el almacén del comercio y que la habían presionado para que firmara la baja voluntaria. Xosé Lois Freire acudió ayer al juzgado acompañado de algunos de sus compañeros de sindicato y explicó que cuando acudió al comercio para interesarse por la trabajadora se produjo una fuerte discusión con los responsables a raíz de la cual la empleada fue despedida -un juez consideraría improcedente el despido más tarde- y el dirigente sindical, denunciado. Valoraciones Para Antolín Fernández, secretario de organización de la CIG, este caso supone una nueva actuación contra la actividad sindical. En su opinión, el objetivo de la empresa es hacer un lavado de cara: «Ante unha situación de acoso laboral o que intentaron foi darlle a volta a situación». Los denunciantes, por su parte, aseguran que la discusión que se produjo en el local les perjudicó porque disminuyeron las ventas en plena campaña navideña y a un día de la noche de Reyes. Es la segunda vez, en pocos meses, que un dirigente del sindicato nacionalista acude al juzgado en calidad de acusado. A finales del año pasado la Audiencia rechazaba la petición de cárcel pero ratificaba la pena de multa e indemnización para Carlos Vázquez por un delito contra los derechos de los trabajadores por su actuación en el centro comercial durante la huelga general del 2002.