Belén Prado dice que sólo la intervención del juzgado podría paralizar la vía administrativa REACCIONES La legislación vincula el pacto entre empresa y trabajadores a la regulación de empleo
15 feb 2005 . Actualizado a las 06:00 h.?a existencia de una acuerdo firmado entre la dirección de Valeo y el comité de empresa de la planta de Ourense, y la ratificación del mismo por la mayoría de los trabajadores, derivará en la aceptación por parte de la autoridad laboral competente del expediente de regulación de empleo presentado por la compañía y que afecta a más de 250 personas. Así se lo comunicó ayer la conselleira de Asuntos Sociais, Belén Prado, a la parte minoritaria del comité, insistiendo en que en todo momento su departamento cumplirá con la legalidad vigente. Pero la legalidad no tiene una traducción halagüeña para los que confiaban en que la Xunta rechazara el expediente antes de que termine el plazo de resolución, el próximo día 19. La decisión, todavía pendiente, tendrá que basarse en el último expediente de la Inspección de Trabajo en el que se especifica la existencia de un pacto entre ambas partes, en el que constan las circunstancias del cierre y las compensaciones a los trabajadores. «A autoridade laboral ten que ter en conta este acordo e a decisión está vinculada a el», apuntó Prado. Informó también de que en este momento sólo las instancias judiciales podrían paralizar el procedimiento administrativo y aseguró que su departamento no ha tenido noticia alguna del Juzgado número 5 de Ourense ,donde un trabajador -el ex director de Valeo, Antonio Anca- presentó una denuncia contra los directivos por alterar las cuentas para justificar el cierre por causas económicas. En este sentido su departamento ha remitido toda la documentación relativa al caso al juez para que, en caso de que lo considere necesario, tome medidas. Aún así, el fiscal jefe informó a CIG, USTG y CC.OO. de que no paralizará el expediente sino que, una vez resuelto, lo estudiará si hay indicios de delito. Por lo que parece sólo queda dar luz verde al expediente porque los trabajadores votaron a favor de un acuerdo en el que se especifican las causas del cierre, por motivos económicos, algo que se dejará notar fiscalmente en prejubilaciones e indemnizaciones.