Los análisis del caso Ucosa aluden a una deficiente actuación de Superco

Un año y cinco meses después de que los representantes de los pequeños accionistas de Ucosa presentasen una querella criminal contra sus cinco consejeros, a quienes en conjunto imputan los delitos de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida en concurso con el de administración desleal, la instrucción judicial ha llegado a un punto de inflexión en el que las posiciones aparecen cada vez más claras. A la mejor definición del caso contribuye el informe pericial sobre el asunto, redactado por un economista a instancia del propio juzgado instructor, que ya está en poder de la magistrada titular y de las partes implicadas. Su contenido no condiciona el desenlace, ni anticipa las responsabilidades, pero, de alguna manera, enriquece la perspectiva y el mejor dibujo del escenario del conflicto, pasado y futuro. La instrucción judicial, por otra parte, ha llegado a un extremo tal que, después de la incorporación del ministerio fiscal a las últimas declaraciones sumariales de esta misma semana, bien pudiera haber alcanzado el grado de madurez suficiente como que la jueza dicte el correspondiente auto de apertura de juicio oral con el fin de delimitar las responsabilidades penales a que haya lugar. (O de sobreseimiento, si no apreciara delito). Facturas falsas Los informes, de todos modos, corroboran las irregularidades. Al margen de la posición interesada de la mayoría de las partes, apuntan en el sentido de que la responsabilidad debería ser compartida por los administradores de la sociedad entre los años 1999 y 2001, como también que las facturas dudosas son rotundamente falsas y se han hecho pagos para fines distintos a los que se recogen en los documentos de pago. También en el que se hace notar (aspecto éste que cobra especial relevancia ante un hipotético pleito de carácter civil) que los asesores de Superco SA tuvieron una deficiente actuación; luego, no atenderían ni cumplirían con rigor sus obligaciones. A Superco correspondían, entre otras actuaciones, el asesoramiento financiero, la planificación y control de los pagos, como también la comprobación de facturas. En su prestación de servicios se incluía, de acuerdo con el contrato, a los consultores exteriores y en momento alguno se deberían haber abonado facturas por obras. En cuanto al supuesto delito contra la hacienda pública, que en su momento fue advertido por la Agencia Tributaria y denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Galicia, un estudio incorporado a las diligencias penales que se siguen en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 constata que existe base para investigar ese supuesto delito, pues la cantidad defraudada es superior a los 90.000 euros. Contrasta, en este punto, una supuestamente deficiente actuación de los asesores de Superco, frente al excelente trabajo de la Agencia Tributaria. Ánimo defraudatorio En este punto, de todas formas, sin prejuicio de la posición que las partes vayan a adoptar, que Ucosa haya aceptado la deuda y haya hecho una reserva de fondos para atender los posibles pasivos, es decir, que Ucosa reconociese su error y aprovisionase fondos para pagar, permite concluir que las anomalías no tendrán perjuicio para las arcas públicas. La conclusión del análisis incorporado a las diligencias penales coincide, de ese modo, con la posición ya expresada por el ex responsable del ministerio público en Ourense, Alfonso Vez Pazos, en cuanto al delito fiscal. Creía éste, como expresamente había notar en su querella, que «no existió en los querellados un ánimo defraudatorio contra la Hacienda Pública, sino una desidia, un actuar descuidado que los llevó a firmar recibos y demás facturas con cierta ligereza, a veces falsos, y sin saber realmente el contenido de lo que firmaban, ya que confiaban plenamente que todo era correcto, y todo ello se desprende de los datos reflejados en el informe de la Agencia Tributaria».

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