Reportaje | Los tribunales decretaron derribos de edificios que siguen en pie El Concello sanciona obras ilegales que después se regularizan
20 nov 2004 . Actualizado a las 06:00 h.?os servicios urbanísticos del Concello de Ourense tienen a su alcance una herramienta para impedir que se levanten edificaciones ilegales: el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Pese a que los técnicos se preocupan por el cumplimiento de cada una de sus estipulaciones, a menudo se tramitan expedientes sancionadores ordenando el derribo de las construcciones que no se atienen a la normativa vigente. Algunas obras se detienen por mandato administrativo, pero otras siguen adelante buscando una legalización de facto. Decenas de particulares -o incluso la Administración- ha litigado en los últimos años esperando que los tribunales otorguen unas razones que el Concello no atendió en su momento. La lentitud de la Justicia y los múltiples recursos que se suelen tramitar dilatan la solución de los contenciosos varios años, cuando muchos inmuebles están ya habitados. Llegado ese momento, el Concello suele alegar inejecución de la sentencia de derribo, lo que obliga al condenado al pago de fuertes sumas de dinero en concepto de indemnización y a la legalización posterior por parte de los servicios urbanísticos municipales. Variadas tipologías Ningún gobierno municipal se ha escapado en las últimas décadas a las sentencias condenatorias, sea cual sea su color político. Todos los concejales de Urbanismo han tenido que lidiar con estos sucesos y las arcas municipales han tenido que pagar -en algún caso- daños y perjuicios por la concesión de permisos que luego fueron declarados nulos. Por ejemplo, el pago de casi 200 millones de pesetas a los denunciantes de un edificio de la calle Camiño Caneiro, cuyo volumen de edificación excedía el autorizado. El caso del edificio de la calle Vila Real, esquina con Ervedelo, en la zona de O Couto, es uno de los últimos conocidos. Pero, en los últimos años, diferentes sentencias han sido remitidas al Concello ordenando demoliciones o declarando nulas las licencias otorgadas. El pasado mes de julio una resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenaba el derribo de toda la urbanización de la plaza de San Antonio, en el solar del antiguo asilo de ancianos. La Justicia considera que la concesión de licencias del aparcamiento subterráneo y las viviendas no se atienen al planeamiento urbanístico. Edificio Torre También, por las mismas fechas, los tribunales consideraban que la propiedad de la última planta del edificio Torre tenía derecho a instalar en el piso número 17 unos gigantescos rótulos publicitados. De momento, el Concello mantiene un pulso con los dueños de esa superficie para impedir que se pueda colocar ese escaparate promocional. En mayo pasado, los técnicos de la Concejalía de Urbanismo ordenaron la paralización de la obras de un edificio que se levantaba en la urbanización de Barrocás por ubicarse en suelo público reservado para un colegio. La inmobiliaria Fadesa, promotora de la zona, defendía la legalidad de su actuación pese a los informes contrarios del Concello de Ourense. Todos estos casos se deben a las prácticas privadas que la Justicia acabó censurando. Pero, también la Administración sucumbe al incumplimiento de sus propias normas. El pasado mes de abril la Consellería de Cultura instó al Ministerio de Medio Ambiente a que paralizase y derribase unas obras que se construían en el perímetro de protección monumental del puente romano. Bastó que la Xunta amenazase con llevar este asunto a los tribunales para que el Gobierno central accediese a demoler las obras ilegales que él mismo había autorizado. Ahora tramita su legalización.