El empresario está en paradero desconocido y el representante es candidato del PP en Vilamartín Las presuntas víctimas firmaron la compra de un chalé en 1997 y a fecha de hoy no lo disfrutan
21 may 2003 . Actualizado a las 07:00 h.?n matrimonio barquense presentó en el Juzgado de O Barco una querella criminal por los presuntos delitos de estafa y coacciones contra Avelino Murciego Fernández, administrador de la empresa Contratas y Promociones 92 SL y su apoderado, el abogado Francisco Quintas González, que se presenta en la lista del PP por el Concello de Vilamartín. Los denunciantes firmaron el 4 de marzo de 1997 un contrato de compra venta de una vivienda unifamiliar en la urbanización A Lamela. A finales del 2001 el constructor desapareció de O Barco y decenas de familias se encontraron con que no tenían la vivienda que habían comprado. A principios de marzo del 2002 los propietarios afectados fueron convocados a una reunión por Francisco Quintas, en calidad de apoderado, que les informó de la situación «que la promotora había hipotecado sus viviendas, que se debía dinero a proveedores... y que la única salida era que aportaran más dinero para poder acceder a las viviendas», según se relata en el texto de las querella. Los denunciantes llegaron a un acuerdo, aceptando pagar más y escriturar la vivienda en un precio muy interior al pactado en el contrato de compra venta. pero pese a todo aún no les fueron entregadas las llaves. En la querella se acusa al abogado, que ejerce de administrador de la sociedad, de incumplir presuntamente con lo pactado. Un acuerdo que incluía la entrega de la vivienda en el plazo de tres meses, una vez finalizase la obra, a contar desde el 27 de marzo de 2002 y que aún no se ha producido. Entre 1997 y el 2002, los denunciantes realizaron más de diez pagos y en la actualidad llevan abonados 129.943,54 euros, una cantidad muy superior a la de la compra inicial que ascendía a 109.324,1 euros, sumando el IVA y más de seis mil euros de mejoras de obra. En la demanda, los afectados consideran que Francisco Quintas actúa como «único poderado de la sociedad vendedora, contando con unos poderes amplísimos para poder efectuar en nombre de la misma todo tipo de actos jurídicos». Los denunciantes afirman haber sido coaccionados para pagar más dinero con la frustrada finalidad de disponer de la vivienda que había comprado en su día.