La fiscalía solicita la absolución, al estimar que no existe estafa ni alzamiento de bienes Los dos implicados en el conflictos eran amigos y también compartían la afición por la caza
20 ene 2003 . Actualizado a las 06:00 h.Un ex empresario de la construcción, Abel Cofán Sánchez, una de las firmas más conocidas del sector durante las últimas décadas, ocupó ayer el banquillo de la Audiencia de Ourense, acusado de estafa y alzamiento de bienes por otro empresario, Serafín Garrido Rodríguez, con quien, como se puso de relieve durante la vista, no sólo coincidía en su actividad sino que incluso eran amigos y compartían la misma afición por la caza. Que en otro momento fueran compañeros no fue suficiente para que el letrado de Serafín Garrido aflojase a la hora de plantear una acusación por los delitos de alzamiento de bienes y estafa, que hace extensivos a la esposa del imputado y a un hermano de su yerno, a quienes considera cooperadores necesarios en la operación de venta de propiedades para evitar el pago de deudas o posibles embargos. El conflicto se produce en el segundo semestre del año 1996. Abel Cofán, en dificultades económicas, pidió ayuda a Serafín Garrido. Éste no sólo le hizo un primer préstamo de ocho millones de pesetas, sino que, con el fin de apoyarlo, puso luego en circulación letras por importe de sesenta millones de pesetas, con el fin de que Cofán pudiese hacer frente a sus necesidades financieras e ir pagando la deuda a medida que dispusiese de liquidez. Pagó, según el querellante, las dos primeras, pero se desentendió del resto, por lo cual le adeuda 52 millones de pesetas, aparte de los ocho millones e intereses del otro préstamo. Descapitalización La parte más grave de la acusación se sustenta no tanto en el impago como en la supuesta maniobra que el acusado hizo para descapitalizar su empresa y quedarse sin patrimonio, con el fin de eludir el pago de las deudas que le pudieran ser reclamadas judicialmente. Hizo así, siempre de acuerdo con la versión de la acusación particular, una venta ficticia de una finca, una nave y un chalé en Ceboliño, a favor de un hermano del yerno del empresario, que luego las revendió a terceras personas. Para el perjudicado, la intencionalidad está clara: el acusado, al borde de la jubilación, pretendía retirarse en las mejores condiciones. La interpretación de hechos que hace la fiscalía es distinta. La representante del ministerio público, sin discutir la existencia de la deuda, estima que no había una voluntad inicial de engañar, sino que el impago fue fruto de las circunstancias. El defensor del principal acusado, por su parte, no dejó de aplaudir la posición de la fiscal, cuya intervención valoró como lección de profesionalidad, competencia y calidad humana. Calificó como hojarasca el 70% de la documentación y tildó de farol jurídico la imputación a la esposa del empresario, pues nada tiene que ver, según afirmó, en los negocios. Llegó el letrado de la defensa a sugerir a la sala que revisase el contenido de las sentencias a las que aludía la acusación particular, por si no eran ciertas. Distintas peticiones La petición de condena para Abel Cofán es de seis años de prisión por estafa y cuatro por alzamiento de bienes. Para sub esposa, cuatro años de prisión y para el tercer acusado, el pariente que adquirió propiedades y luego las vendió, un año de prisión.