En Toy Story nos emocionamos viendo cómo la infancia se apaga cuando un niño crece y deja atrás sus juguetes. Hoy, por desgracia, el apagón apenas dura diez minutos: el tiempo que tarda el juguete en salir de la caja y deja de ser una novedad y la atención del menor vuelve corriendo a una pantalla. Según la Fundación Gasol, los adolescentes pasan una media de cuatro horas y cinco minutos diarios frente a un dispositivo, y los menores de 12 años, dos horas y quince minutos; cifras que se disparan los fines de semana hasta las cinco horas y media y casi cuatro horas, respectivamente.
Padres y educadores libran esta batalla por la atención de los menores cada día. Pues, aunque nadie duda de que internet es una oportunidad de aprendizaje, socialización y conocimiento, también es una fuente inagotable de riesgos. Un lugar donde proliferan contenidos inadecuados, ciberacosadores, algoritmos diseñados para enganchar y una huella digital que condiciona el futuro de un menor antes de que ni siquiera pueda entenderlo.
El enfoque con esta problemática es sencillo: igual que un coche es un medio de transporte extraordinario en manos de quien sabe conducirlo y un peligro público en manos inadecuadas, un smartphone es una ventana abierta a un mundo que para ser procesado requiere maduración y preparación. No se trata, por tanto, de demonizar la tecnología, sino de no dejar a los menores solos frente a un ecosistema que escapa fácilmente al control familiar y escolar.
En esa línea, durante generaciones les enseñamos a cruzar por el paso de peatones y a no aceptar caramelos de extraños. Es el momento de asumir que también existen calles, plazas y callejones digitales donde se juega, se hiere y, a veces, se destruye. Sin control, la red es la jungla para los más pequeños. Y pasar cinco horas al día en la jungla es una autentica temeridad.
Por todo ello, la Xunta tiene previsto aprobar antes de fin de año una Lei de Violencia e Acoso Dixital, pionera frente al ciberacoso y la difusión no consentida de material sexual. A ella se suma el plan de la Consellería de Educación para sacar los móviles personales de las aulas y los recreos, sustituyéndolos por dispositivos educativos con contenidos filtrados y un uso orientado al aprendizaje.
Ese enfoque conecta con el debate que está teniendo lugar en Bruselas. La verificación de edad y el etiquetado de contenidos, el freno al diseño adictivo, el descanso digital obligatorio, la prohibición de redes sociales antes de los 14 años y la autorización paterna hasta los 16 son cuestiones que en Europa ya han pasado a formar parte del día a día legislativo.
El mensaje de fondo es claro: es el momento de desplegar, con el apoyo de expertos, familias y educadores, un autentico escudo para proteger a los más pequeños. No se trata de tratarlos como incapaces, sino de reconocer a los menores como sujetos de derechos que, mientras crecen, necesitan orientación, protección y presencia. En definitiva, se trata de extender la actual protección que los menores disfrutan en la calle a la red.
Nos corresponde a los poderes públicos facilitar ese ejercicio: legislando las nuevas realidades y dotando a quienes están en primera línea —padres y docentes— de las herramientas adecuadas.
Proteger a la infancia en internet es una responsabilidad compartida que exige concienciación y voluntad política. Los menores no pueden esperar a que los adultos terminemos de entender la tecnología: ellos ya crecen, ya se conectan, ya se exponen.