Nos hemos acostumbrado a la existencia de días y semanas internacionales. Se trata de aquellos dedicados por Naciones Unidas a promover acontecimientos o temáticas especiales. Con ser todos significativos, hay algunos más importantes que otros.
En esta categoría se instala el 25-N, Día Internacional de Eliminación de Violencia contra la Mujer, destinado a sensibilizar acerca de lo que los datos revelan como auténtica lacra. Un reciente informe, elaborado por la Organización Mundial de la Salud, considerado la evaluación global más completa hasta ahora, constata que una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia física o sexual alguna vez en su vida, cifra que «apenas ha cambiado» en las últimas dos décadas. Y, aunque lo más habitual es que sus agresores sean parejas masculinas, se incluyen por primera vez cifras fuera de dicho ámbito. De esta forma, al menos 263 millones de mujeres la han sufrido durante el último año.
En España, a fecha de ayer, 44 mujeres habían sido asesinadas presuntamente por sus parejas o exparejas en lo que va de año, ascendiendo a 1.339 las víctimas desde el 2003, cuando empezó la medición.
Lo singular de este año, además de desafíos que emergen con la violencia vicaria y digital, es que los intentos por erradicarla enfrentan viento en contra, con cambios en el ambiente cultural favorable a la igualdad de género que se venía observando en el mundo. El ascenso al poder de fuerzas declaradamente antifeministas viene acompañado, en muchos contextos, por el desmantelamiento del entramado normativo e institucional creado para combatirla.
Se podría pensar que un antídoto es la instalación de gobiernos feministas, como algunos —todavía pocos— surgidos en fecha reciente. Usualmente de izquierdas, su inflamada retórica al respecto convierte cualquier error en una desilusión más grande.
Es el caso del mandatario chileno Gabriel Boric, quien pecó de falta de diligencia frente a la denuncia de abuso sexual que implicaba a uno de sus más cercanos colaboradores en lo que se denominó el caso Monsalve. Para la opinión pública, ello colocó la lápida a su pretensión de «gobierno feminista».
En nuestro país, Pedro Sánchez exhibe dos legislaturas con acciones en materia de combate a la violencia machista rodeadas de polémica. La llamada ley solo sí es sí posibilitó que 1.233 presos vieran reducida su condena, mientras que 126 habrían sido directamente excarcelados. ¿Habrán aumentado las cifras entregadas por el Consejo General del Poder Judicial? No lo sabemos porque datan de hace dos años.
Por otra parte, un fallo informático en las pulseras antimaltrato habría facilitado la absolución de decenas de agresores. El error se ha repetido, dejando en la zozobra a cerca de 4.000 mujeres. La ministra Ana Redondo reconoce que «no puede asegurar que las pulseras no vuelvan a fallar en el futuro». La sinceridad se agradece, pero, si tales cosas suceden con un gobierno feminista al frente, ¿quién podrá entonces defendernos? A responder esta pregunta poco o nada ayudan las divisiones existentes en el interior del propio feminismo.