El Gobierno de «no vamos a dejar a nadie atrás» parece que no mira por el retrovisor, porque entonces vería la lamentable situación de los enfermos de ELA o la precariedad de los autónomos, por poner solo dos ejemplos. O quizá sí los ve, pero pisa todavía más el acelerador. Y hay más casos, que aunque no son tan graves afectan a millones de ciudadanos que pagan impuestos y que están indefensos ante las multinacionales de diversos sectores económicos, sin que el Ejecutivo haga nada por remediarlo. ¿Por qué las compañías de seguros pueden subir una póliza —pongamos una de automóvil— un 100 % o más de un año para otro, incluso aunque no se haya dado un parte de accidente (que, por otro lado, es el riesgo potencial por el que se paga)? ¿Por qué las aerolíneas continúan cobrando por el equipaje de mano en cabina e incluso aplicando multas a los pasajeros que no se ajustan a sus medidas (no hay unas universales), pese a que la normativa europea estipula que es ilegal? La respuesta a esto último es fácil: porque les compensa más abonar las sanciones por infringir la ley que cumplirla.
En las próximas semanas, miles de estudiantes de Erasmus españoles —mejor dicho, sus padres— van a encontrarse con sorpresas en la factura telefónica: sobrecostes, que pueden llegar a cientos de euros, por el supuesto «uso abusivo» que sus hijos hacen del roaming (itinerancia) cuando están desplazados en otro país de la Unión Europea. Las operadoras te venden que puedes usar tu tarifa de datos en otro Estado de la UE exactamente igual que si estuvieras en España, pero la letra pequeña dice que si tu consumo y presencia en roaming es prevalente sobre el nacional en un período de equis meses (tres o cuatro) estás abusando y por lo tanto tienen derecho a penalizarte, aunque no superes los gigas que contrataste. ¿Cuánto? Pues 1,30 euros más IVA por cada GB de datos, que si los chavales utilizan el móvil para descargar películas, ver vídeos en Instagram o TikTok o jugar a videojuegos la broma puede ser pesada. La UE de sonrisas Von der Leyen avala que los operadores móviles pueden tener esta «política de utilización razonable» y los gobiernos no dicen ni pío.
Pero mejor sigamos hablando del cambio de hora.