Javier, de 16 años, atrapado en el fútbol base
El fútbol base en España siempre se ha presentado como un espacio de formación, no solo deportiva, sino también personal. Se repite en cada discurso institucional: aquí se enseñan valores, disciplina y compañerismo. Sin embargo, la historia de Javier, un joven de 16 años que lleva toda su vida en el Victoria CF, revela cómo la normativa y las decisiones de los clubes pueden chocar con el interés superior del menor.
Tras doce temporadas defendiendo la camiseta del Victoria, Javier decidió cambiar de club. Su objetivo es seguir creciendo, probar un nivel competitivo superior y mantenerse motivado. Lo comunicó con claridad a su familia y al club, pero la respuesta del presidente fue negativa: no le conceden la carta de libertad. El argumento oficial: un supuesto perjuicio deportivo por la salida de Javier. La realidad desmonta esa afirmación, ya que el Juvenil B cuenta con 23 fichas federativas, un número más que suficiente para competir.
Este conflicto refleja un problema extendido en el fútbol base español: la renovación automática de fichas, que vincula al jugador al club salvo renuncia expresa y aceptada. Para los adultos puede tener sentido, pero para un menor supone quedar atado a un club y arriesgarse a perder una temporada si no recibe la carta de libertad.
Javier llegó al Victoria con solo cuatro años. Allí creció como futbolista y como persona, consolidando amistades y valores. Tras más de una década, busca un cambio no por capricho, sino por necesidad de seguir progresando y mantener su motivación. La negativa del club, por tanto, tiene un impacto directo sobre su desarrollo.
Las consecuencias son claras: emocionalmente, se siente frustrado y desmotivado; socialmente, corre el riesgo de aislarse de su círculo de amigos; deportivamente, un año sin competir puede retrasar su evolución técnica y física, y, formativamente, su desarrollo integral se ve limitado.
El marco legal respalda al menor. La Convención de los Derechos del Niño establece que el interés superior del menor debe prevalecer en todas las decisiones que le afecten y reconoce su derecho al juego y al deporte. La Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor refuerza que ningún interés legítimo puede anteponerse al del menor. La Constitución Española, además, obliga a proteger integralmente a los hijos. Incluso resoluciones del Defensor del Pueblo han cuestionado cláusulas limitativas que impiden a los menores cambiar de club.
La Federación Gallega de Fútbol y su comité jurisdiccional tienen en sus manos la responsabilidad de aplicar estas normas con criterio. No se trata solo de cumplir un reglamento interno, sino de interpretar cada caso conforme a la legislación superior y a la voluntad del menor. Retener a un jugador con argumentos infundados contradice la esencia de la formación deportiva: educar y motivar, no limitar ni castigar.
La historia de Javier no es un conflicto aislado. Es un ejemplo de cómo las reglas del fútbol base pueden chocar con los derechos de los niños. Este caso invita a reflexionar sobre la necesidad de revisar las prácticas de los clubes y de la normativa federativa, situando siempre el bienestar y la libertad de los menores en el centro de las decisiones. Jorge García Pérez.