El diálogo social a través de la negociación colectiva ha demostrado su capacidad para lograr mejoras duraderas y progresivas de las condiciones laborales sin poner en entredicho la competitividad y capacidad de crecimiento de la economía española. Una historia de éxito basada en su capacidad para lograr acuerdos adaptados a las distintas realidades sectoriales y empresariales. No hay nadie que conozca mejor los desafíos y realidades de cada sector, de cada empresa, que los agentes sociales que le dan forma. Frente a esta fórmula de éxito debe huirse de la imposición normativa que opta por planteamientos maximalistas y obvia las distintas realidades del tejido productivo español en cuanto a viabilidad y productividad, deparando un saldo totalmente desequilibrado entre costes y beneficios.
Por ello, la reducción de jornada debe continuar siendo resultado de la negociación de los representantes de los trabajadores y de las empresas y no de la imposición del legislador. En los convenios colectivos con efectos económicos en el 2023, la jornada media anual por trabajador ascendió a 1.750 horas, frente al máximo legal de 1.826 horas. En otras palabras, 38,3 horas semanales frente a 40 horas; diferencia que equivale a casi 2 semanas de trabajo al año.
Estos datos se ven reforzados por el hecho de que, entre el 2000 y el 2023, la proporción de asalariados con jornadas pactadas de al menos 39,5 horas semanales cayó desde el 18,8 % del total hasta el 7,5 %, y el porcentaje de aquellos con jornadas de hasta 38,5 horas semanales subióde 20,1 % al 43,0 %. No hay en España un problema generalizado de largas jornadas de trabajo;la libre negociación entre quienes mejor conocen la realidad económica de su territorio y su sector, organizaciones patronales y sindicales, ha permitido ir reduciendo el tiempo de trabajo de forma armónica, según la realidad de cada sector y territorio.
La reducción normativa de la jornada se plantea en un momento en el que las empresas tienen grandes dificultades para cubrir los puestos de trabajo vacantes y, además, abordan un alza inasumible del absentismo. Dos graves problemas que obstaculizan, en buena medida, el normal desempeño su actividad, pero que también incrementan sus costes operativos. Una situación que resulta especialmente dañina en las empresas de menor tamaño.
El déficit de trabajadores es un problema generalizado y representa uno de los principales condicionantes negativos para la actividad empresarial, tal y como lo recogen de forma recurrente las encuestas que realiza el Banco de España. En el segundo trimestre del 2025, junto a la incertidumbre sobre la política económica, los problemas de disponibilidad de mano de obra eran considerados uno de los dos grandes obstáculos para la actividad empresarial. De hecho, así lo manifestaba un 42,9 % de las empresas, si bien esta problemática resultaba más acusada en sectores como la agricultura, la hostelería y la construcción, al afectar a más de la mitad de las empresas.
La falta de trabajadores dificulta el normal desempeño de la actividad diaria de muchas empresas, pero también el desarrollo de las inversiones que marcarán su futuro y el del conjunto de la economía española. Una situación que se ve agravada por el insostenible aumento del absentismo. En el 2024, de acuerdo con los datos de las mutuas, el absentismo derivado por incapacidades temporales por contingencias comunes resultó equivalente a que 1.660.914 trabajadores protegidos no acudieran ningún día a trabajar, experimentando un aumento del 14,1 % respecto al 2023 y del 63,0 % en comparación con el 2018.
En este contexto, la reducción de la jornada laboral no haría más que aumentar las dificultades para que las empresas puedan mantener el normal desempeño de sus operaciones, al tiempo que lastraría su competitividad. En primer lugar, porque se reduciría su capacidad de atender en tiempo y forma las demandas de sus clientes; y, en segundo, porque también supondría un alza de sus costes en un momento complejo. Los costes laborales unitarios, es decir, los costes de la mano de obra por unidad de producto o servicio producido, aceleraron su crecimiento hasta el 4,2 % interanual en el primer trimestre del 2025 y superan en más de un 24 % los registrados en el último trimestre del 2019. Unas cifras inasumibles para muchas empresas, especialmente las microempresas.
El 84 % de las empresas españolas con asalariados son microempresas y casi el 97,5 % no llega a los 50 trabajadores, dando forma a un tejido productivo en el que las empresas de menor dimensión son su corazón. Unas empresas que resultan más vulnerables ante los cambios en su entorno, especialmente los vinculados con los costes y los derivados. Sin embargo, en los últimos años se han visto golpeadas por el aumento de las cotizaciones sociales, la subida de más de un 60 % del salario mínimo desde el 2018 y la avalancha de una normativa cada vez más compleja que juega en contra de su competitividad. Ahora, se les pretende obligar a mantener las remuneraciones a sus trabajadores en su nivel actual, aunque puedan llegar a sufrir recortes de la jornada laboral de hasta el 6,25 %.
La situación actual resulta cada vez más inasumible para un número creciente de empresas y la mejor prueba de ello está en el cierre de muchos pequeños negocios y en la crisis de relevo generacional. En el último año tenemos 3.000 microempresas menos en España, en un entorno de crecimiento económico, Y muchas de las que siguen con actividad están en pérdidas o con beneficios en torno al 2 %. Nuestras microempresas, esas que dan conexión al territorio, y dan vida a nuestros barrios y ciudades, no podrían sobrevivir.
La propuesta de privar a las empresas de un tiempo de trabajo del que ahora disponen no viene más que a acentuar los problemas de la pequeña empresa, de la microempresa. En este contexto hay que preguntarse: ¿por qué algunas empresas y sectores no han podido reducir la jornada como otros? Porque no podían antes, ni pueden ahora. Una realidad que sí se tiene presente en el diálogo social, pero que parece obviar el legislador.