Algunos contemplamos atónitos cómo es posible que aquellos que dirigen —no se sabe muy bien hacia dónde— nuestro país, España, puedan atesorar ese carácter impertérrito que escenifican recurrentemente ante la hecatombe institucional en la que nos encontramos. Nada ya, bueno, desde hace mucho, les produce el más mínimo pestañeo.
Ahora, por si no fuera poco todo cuanto ha sucedido desde el pasado 11 de marzo del 2004, hemos tenido noticia de un nuevo capítulo que evidencia, probablemente en sumo grado, la grave crisis institucional que atraviesa nuestro país desde entonces. Y es que el pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.
Dicho aval, aunque tiene algunos matices, tiene como consecuencia directa que todas las responsabilidades penales, administrativas o contables derivadas de las consultas del 9 de febrero del 2014 y el 1 de octubre del 2017 quedarán en nada.
Los argumentos que se esgrimen para encontrar acomodo en nuestra Constitución han sido formulados ad hoc partiendo de una decisión que ya se encontraba tomada. La amnistía, definitivamente avalada, vulnera el principio de separación de poderes, el principio de Estado de derecho, el de legalidad penal, así como el derecho a la tutela judicial efectiva.
Lejos de entrar en un análisis jurídico, tan innecesario como inabarcable, esta sentencia pone de relieve que en la actualidad un solo poder, el ejecutivo, trata con amplia ansia de aglutinar los tres pilares sobre los que pivota un Estado de derecho: poder legislativo, ejecutivo y judicial.
Efectivamente, como parte integrante de los acuerdos alcanzados para que el actual Gobierno pudiera conformarse, se aprobó una ley de amnistía que, previo nombramiento de un nuevo presidente del Tribunal Constitucional —en consenso con el Partido Popular, no lo olvidemos— que ocupó el cargo de fiscal general del Estado en el Gobierno de Zapatero, ha acabado siendo bendecida, precisamente, por la mayoría progresista de este tribunal. Idéntica fundamentación y resultado ha tenido el impuesto temporal sobre grandes fortunas, cuya única finalidad no era otra que la de tratar de equiparar la tributación en el impuesto sobre el patrimonio de comunidades que lo bonificaban total o parcialmente con la comunidad autónoma de Cataluña.
Ostentar el control total de las instituciones, en una evidente decadencia de nuestro Estado de derecho, permite lucir ese halo de impunidad que les convierte en impertérritos. Esa es la explicación de lo que ha pasado con la ley de amnistía y de lo que va a pasar con todo cuanto se enjuicie de ahora en adelante. Y ese privilegio, a todas luces ilegítimo, es el que les hemos regalado tanto a los que están como a los que estarán.
Por mucho menos, hace ya muchos años, hubo no pocas revoluciones. Hoy, unos atónitos y otros aletargados, no somos más que cooperadores necesarios de esta debacle institucional.