Cuando entramos en una habitación iluminada por cinco lámparas, una de ellas se enciende en nuestro país gracias a la energía nuclear. En España, siete reactores operativos ubicados en Cáceres, Guadalajara, Tarragona y Valencia producen el 20 % de la electricidad que consumimos. Y lo hacen de forma continua, día y noche, todos los días del año —salvo durante los períodos de recarga de combustible—, aportando así estabilidad y firmeza al sistema eléctrico.
Estas instalaciones operan bajo las más exigentes garantías de seguridad. No solo porque antes de poner la primera piedra se realizan rigurosos análisis y exhaustivos estudios, sino por todos los sistemas de protección con múltiples barreras, respaldados por la formación, dedicación y cultura de seguridad de los miles de profesionales del sector nuclear. Un sector, aprovecho par destacar, altamente cualificado, reconocido y a la vanguardia, que exporta tecnología, equipos y servicios a más de 40 países.
Volviendo a la seguridad, las compañías eléctricas propietarias de estas instalaciones destinan anualmente millones de euros en mantenimiento y mejoras. A su vez, el organismo regulador supervisa y controla minuciosamente todas las instalaciones nucleares en nuestro país, y a esta vigilancia se añaden las exigentes revisiones internacionales. En definitiva, la seguridad no es una opción: es la prioridad absoluta del sector.
Hay quienes intentan contraponer la energía nuclear a las renovables, pero es fundamental trasladar que ambas son necesarias y complementarias, y desempeñan un papel crucial en la transición hacia un futuro energético sostenible. Al igual que las renovables, la nuclear no emite CO2, por lo que resulta esencial para mitigar el calentamiento global. En un momento en el que el cambio climático representa una de las mayores amenazas mundiales, cuesta entender que se quiera prescindir de esta tecnología que produce casi el 30 % de la electricidad sin emisiones en nuestro país.
Precisamente, ante los desafíos ambientales y la necesidad de autosuficiencia energética agravada por la actual situación geopolítica, la mayoría de los organismos internacionales y líderes mundiales reconocen las ventajas de esta tecnología. Por ello, apuestan por la operación a largo plazo de las centrales nucleares, con permisos para funcionar durante 60 u 80 años, y por la construcción de nuevas unidades.
En España, el debate no gira en torno a si construimos o no nuevos reactores, sino en por qué hay que prescindir de unas instalaciones que operan con excelencia, aportan estabilidad al sistema, generan electricidad limpia, frenan los precios de la electricidad y crean riqueza y empleo de calidad. No podemos ser el único país que, teniendo centrales en funcionamiento perfectamente preparadas para seguir operando, planea cerrarlas.
No existe justificación técnica, de seguridad ni medioambiental para su cierre. Por ello, confío en que un análisis sereno y basado en datos conduzca a la conclusión de que prescindir de la energía nuclear sería un error estratégico —lo hemos visto en Alemania—, con riesgos para la economía y el bienestar de los ciudadanos.