Escribíamos hace unas semanas sobre el ménage à trois entre Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), industria eólica y seguridad jurídica; triángulo amoroso de difícil solución, como siempre pasa en estos arreglos. Y los motivos para preocuparse siguen aumentando, porque el TSXG insiste en buscar la forma de rechazar que la eólica encaje en el ordenamiento jurídico gallego.
La semana pasada, el tribunal informaba de la suspensión cautelar de otros seis parques eólicos. El motivo esgrimido en todos estos casos es que su construcción podría generar daños irreversibles al medio ambiente. La nota termina con un curioso párrafo en el que el TSXG presume de haber estimado hasta ahora la suspensión cautelar de 40 sobre 43 parques sobre los que diversos interesados han solicitado dicha medida. Si alguien tuviera dudas sobre la inclinación de nuestro tribunal respecto a la eólica, ahí queda la cifra para disiparlas.
Es llamativa la argumentación del TSXG, que esta vez ha elegido el periculum in mora como pretexto, considerando esencial que la ejecución de los parques eólicos quede suspendida hasta que haya sentencia sobre los mismos. Considera el tribunal que hay riesgo de que el impacto de construirlos fuere irreversible, sin justificarlo de manera concreta y citando de forma reiterada jurisprudencia previa a la modificación de noviembre del 2023 a la Directiva europea de renovables, así como a la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia, del pasado diciembre, desoyendo estas normas que consagran la presunción de «interés público superior» respecto de la tramitación ambiental de los parques eólicos de competencia autonómica.
Y en esta trifulca entre TSXG y eólica, quien más sufre es la seguridad jurídica. Preocupa que el máximo tribunal autonómico haga caso omiso al legislador gallego, obviando la presunción arriba indicada y paralizando las instalaciones, sin constar hechos concretos que justifiquen qué efectos adversos pueden causar esos parques eólicos al medio ambiente que no podrían mitigarse ni compensarse en caso de una eventual sentencia contraria a su autorización.
La posición del TSXG, alertan desde la industria eólica, pone en riesgo la descarbonización de nuestra economía. Y lo que es peor, impide que Galicia aproveche un momento propicio para desarrollar renovables que mejoren nuestra competitividad y atraigan industrias para fortalecer el país. Es un error histórico que no podemos permitirnos.